Miguel Massanet Bosch

Que estamos viviendo momentos dramáticos en España no creo que haya nadie, ni de derechas ni de izquierdas, que lo pongan en duda. Si, en cuanto a las vicisitudes de nuestra deuda, el corazón nos salta cada vez que las bolsas nos hacen recordar que dependemos de la financiación extranjera para poder seguir manteniéndonos como nación independiente, aunque sea bajo la vigilancia de Bruselas y las ayudas del BCE que, en esta ocasión, una vez más, ha tenido que actuar de hada madrina comprando deuda española e italiana, con el fin de evitar una debacle europea que pudiera dar al traste con esta moneda, el euro, que parece que ha nacido bajo el signo de la polémica y la inseguridad. No podemos, por otra parte, dejar de sentirnos afectados por las noticias que nos vienen llegando del norte de la Península, de esta autonomía inquieta, rebelde y descarriada, Euskadi, que lleva cuarenta años constituyendo uno de los problemas endémicos de los españoles, debido a la errónea política del Estado español ante el claro desafío a la legalidad de una parte del pueblo vasco, que decidió emprender su particular sistema reivindicativo de la autodeterminación de la llamada “nación vasca”, por medio del terrorismo, practicado por una banda de abertzales a la que todos conocemos como ETA precisamente por sus métodos expeditivos de actuar..

Lo cierto es que, una legislación, presuntamente empeñada en la recuperación de los delincuentes para reintegrarlos a la sociedad, que se ha venido preocupando más por los llamados “derechos humanos” de los delincuentes que por sancionar sus conductas delictivas; que ha decidido que, contra la violencia y los asesinatos de una banda de criminales, lo que hay que hacer es tratarlos con la máxima consideración, permitirles beneficiarse de privilegios carcelarios, gozar de permisos a los que los presos comunes no pueden acceder y disfrutar de prerrogativas y comodidades (recuerden el caso escandaloso del etarra De Juana Chaos, hoy en destino desconocido) de los que nunca debieran podido haber accedido; en lugar de que se les aplique el peso de la ley con todo su rigor; ocuparse de que los terroristas purguen su delito cumpliendo hasta el último minuto de su condena y mantenerlos apartados del resto de delincuentes comunes, en prisiones especiales, haciéndoles trabajar en beneficio de la sociedad para que los deudos, familiares y amigos de aquellas personas a las que se les privó, sádicamente y sin motivo alguno, de su derecho a la vida; vean que la Just5icia se cumple y que los culpables pagan sus culpas como una compensación debida por el mal que les causaron.

Por desgracia y, especialmente, bajo el gobierno del Partido Socialista, no se sabe por qué clase de obcecación, por qué inconfesables designios o por qué tipo de concepto de la Justicia; hemos tenido ocasión de ver como, cada día más, la actuación de los tribunales, las diligencias de los fiscales y los objetivos de los políticos, especialmente de los que han venido ocupando cargos preeminentes en el ministerio del Interior; han venido dando muestras, no sólo de suavizar todo lo que han podido, dentro de la ley, el trato de privilegio que se les vienen dando a los terroristas en las cárceles del Estado, sino que, incluso, bordeando peligrosamente el límite de lo ilegal, con el objetivo aparente de encontrar un hatajo de dudosa legalidad para librarse de la banda ETA no, como todos esperábamos que se hiciese, o sea, por medio de una actuación policial inexorable; la cooperación del resto de naciones europeas, especialmente de Francia; la colaboración ciudadana y, en especial, la de todos los partidos políticos, incluidos el PNV y el PSV, para evitar que ningún etarra encontrar apoyo o cobijo en las instituciones nacionalistas.

Lamentablemente hemos tenido ocasión de comprobar que, la lucha contra la banda terrorista, si bien en apariencia, se continúa manteniendo con el arresto de etarras, no podemos dejar de advertir que, bajo mano, utilizando tácticas oscurantistas, se sigue manteniendo algún tipo de comunicación extraoficial entre determinados enviados del Ejecutivo y los representantes de ETA. Nadie, en su cabal juicio, podía dejar de relacionar a la, recientemente creada BILDU, una agrupación formada ad hoc para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, para sustituir a SORTU, ilegalizada por el TS, con Batasuna. La policía nacional y la Guardia Civil aportaron pruebas irrefutables de que aquella agrupación no era otra cosa que una sucursal de Batasuna y, por tanto, un apéndice de los terroristas de ETA. El Tribunal Supremo lo supo ver así y, sin dudarlo, lo ilegalizó aunque, con algunos votos particulares de los magistrados progresistas. Esta fue la primera señal del doble juego del gobierno, que fue confirmada cuando, el señor Patxi López, incomprensiblemente y saliéndose de su línea de oposición frontal al terrorismo de la banda, empezó a decir que creía conveniente la legalización de BILDU. El recurso al TC estaba cantado y, dada la actual composición de dicha institución y conociendo las tendencias progresistas y los antecedentes de su presidente, el señor Pascual Sala, a muchos se nos empezaron a poner los vellos como escarpias viendo como, el señor ZP y su Ejecutivo, estaban jugando a un doble juego: mientras, por una parte, se simulaba firmeza, por la otra, se movían los peones para que BILDU fuera legalizada. Y, claro, BILDU, fue legalizada.

Como estaba previsto, apenas BILDU consiguió el éxito en las municipales, consiguiendo el 25% de los votos (300.000) y la friolera de 1.138 concejales, lo que nos indica el deterioro que la política de cesiones del gobierno de Zapateros ha causado en el pueblo vasco, que parece cada vez más inclinado a favor de una envalentonada tendencia independentista. Así las cosas, no es raro que BILDU se quitara la careta y empezara a actuar como se suponía que lo haría. Comenzó a prescindir de las banderas constitucionales de los centros públicos; amenazó, en los pueblos, a los concejales electos de otras formaciones, contrató a conocidos militantes afines a Batasuna y se empezaron a jalear a los presos etarras y a aparecer sus retratos, anteriormente, eliminados de las calles y lugares públicos, sin que, al parecer, nadie se haya ocupado de hacerlos desaparecer. ¡La pasividad de las autoridades resulta repugnante!

Cuando se le pregunto al señor Pascual Sala, qué era lo que opinaba de la retirada de banderas y de las irregularidades legales cometidas por los alcaldes y concejales de Bildu, se hizo el desentendido y se negó a opinar. En todo caso, la confirmación de que BILDU era la sucursal de Batasuna y que todos los españoles, menos los magistrados del TC del sector progresistas, lo sabían, la hemos tenido cuando, una declaración de la banda ETA, fechada el día 7, que se esperaba sería conciliadora y moderada, ha resultado ser una explosión de entusiasmo y una reivindicación del triunfo de BILDU que han calificado como “ Euskal Erria ha ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización” añadiendo “la ejemplar lucha de resistencia mantenida durante tantos años” que, a su juicio, ha permitido que “Euskal Erria siga con vida” para concluir con el consabido latiguillo de “construir un escenario de paz y libertad”. ¡Si, señores, y los 900 muertos asesinados por ETA dados por amortizados! Así, señores, es como ZP y su gobierno defiende a las víctimas del terrorismo y como, el TC, asumiendo facultades que no le competen, sea quien decide quienes son los buenos y los malos en esta contienda. ¿Quién ha dicho que España es un Estado de derecho? Sea quien sea miente como un bellaco. O eso es lo que, a mí, me parece.