Miguel Massanet Bosch

No siempre son la noticias más impactantes, las que más interesan al público en general y aquellas que merecen ser comentadas, en ocasiones, un simple artículo, una información que parece carente de interés o que puede resultar poco llamativas dentro del conjunto de noticias que, continuamente, nos están bombardeando; sin embargo  puede aclararnos las ideas y proporcionarnos pistas para que reactivemos, desempolvemos y recuperemos algunas opiniones, como la que expusimos en los primeros momentos del inicio de la crisis de las sub-prime, cuando, en un artículo titulado “¿Cuánto nos costará salvar a los bancos?”, publicado el 22/10/2008 en el Xornal de Galicia; dejamos escrito: “Es por ello que, la situación de desmadre que se ha producido en todo el mundo occidental, con la caída del sistema financiero y los esfuerzos desorbitados de los gobiernos para destinar importantes cantidades de las reservas nacionales en acudir a salvar a los bancos y entidades financieras; encubre el peligro de que queden desatendidas otras facetas de la industria y el comercio, igualmente esenciales, que precisan, con más urgencia si cabe, del apoyo estatal, no tanto en cuanto a ayudas económicas, sino, más bien, en orden a librarlas de trabas burocráticas y excesiva carga tributaria.” El autor de este nuevo trabajo, D. Soriano, ha publicado en el diario LD un ilustrativo análisis sobre Islandia y la forma en la que ha conseguido superar una situación extremadamente difícil, que condujo a aquella nación a un desplome generalizado de sus bancos, en el 2008, lo que provocó la nacionalización de la banca y la necesidad de ser rescatada por parte de sus socios escandinavos y por el FMI. No obstante, la nacionalización no significó que el Gobierno asumiera las deudas a los acreedores exteriores, a pesar de las grandes presiones internacionales que recibió para que lo hiciera, aunque, eso sí, nacionalizó las tres principales entidades bancarias dejando caer al resto de la banca; al asumir la teoría de que “el Estado no debe apoyar la responsabilidad de los bancos privados en quiebra”.

Es evidente que la isla nórdica, que alberga a la nación islandesa, ha pasado por un periodo de reestructuración duro debido a su colapso bancario y el PIB per cápita de sus ciudadanos descendió de 53.100 dólares a 39.500; sus exportaciones también descendieron de 5.400 millones de dólares a 4.000 millones y su inflación llegaba al 12% en el 2.009. Lo que ha ocurrido es que, pasada esta necesaria y dolorosa terapia, la nación islandesa está “en una buena disposición para un crecimiento sano”, ya que ha dejado tras de si todos aquellos vicios económicos y financieros que fueron los causantes del desmoronamiento de su otrora floreciente situación económica. El hecho cierto es que, después de más de dos años de recesión económica el pasado mes de septiembre el PIB creció en un 1’2%. Si a ello añadimos la devaluación de su moneda, el króna islandés, tendremos un motivo más para pensar en una reactivación de sus exportaciones, algo que, al parecer, ya está empezando a producirse. El FMI parece que ha pronosticado una “recuperación duradera” a pesar de que los bancos quebrados sufren reclamaciones de sus acreedores que les piden 63.000 millones de euros.

Uno se hace la siguiente reflexión, a la vista del ejemplo de Islandia, que quizá no sea un modelo ad hoc que sirva para todos los países con problemas similares, como pudiera ser España; pero el hecho evidente es que, el Gobierno islandés, al nacionalizar la banca no permitió que sus acreedores la recapitalizasen y tuvieron que  poner en espera la realización de sus créditos. Nos preguntamos si el sistema que utilizaron la mayoría de países afectados por los efectos de las sub-primes, especialmente los EE.UU. del señor Barak Obama, acertaron al evitar que los bancos culpables de que se produjera  el desplome de las Bolsas no asumieran las consecuencias de sus actos como, no obstante, permitieron que sucediera en Lemman Brothers. El keynesianismo propio de las izquierdas, la manía de convertir al Estado en el “salvador” de la patria y la facilidad con la que el sistema financiero actual puede “fabricar” un dinero virtual para salir de los aprietos cuando les conviene, como ha practicado la FED americana bajo la dirección del señor Bernanker, sin preocuparse, ni poco ni mucho, de los efectos que tal práctica produce en los ahorros de los ciudadanos del país, que ven como el esfuerzo de años de trabajo se va diluyendo a medida que la moneda se va devaluando. Claro que a la FED le tiene sin cuidado porque, el hecho de inyectar 600.000 millones de euros “ficticios”, un mero asiento contable,  además de permitir a los bancos en apuros desprenderse de sus “activos basura” le permite a la economía norteamericana mejorar sus exportaciones, con lo cual matan dos pájaros de un tiro.

Pero, ¿cómo el Gobierno español afrontó una crisis que tardó casi un año en admitir que nos pudiera afectar de pleno? Pues, de la peor forma posible, si es que debemos atenernos a los resultados de sus actuaciones después de tres años, en los que los ciudadanos hemos tenido la oportunidad en ver como se han ido sucediendo planes, uno tras de otro, a cual peor y menos efectivo; al tiempo que nuestra deuda ha ido incrementándose mes a mes y nuestro déficit ha alcanzado cifras que ha superado el 11% del PIB. La primera actuación del Ejecutivo, después de reunirse el señor Presidente con los ejecutivos de las principales entidades bancarias del país que, naturalmente, barrieron para casa; fue poner a disposición de la banca 50.000 millones de euros que, en teoría, debían servir para reabrir los créditos a las empresas y favorecer su liquidez; algo que no ocurrió debido, en gran parte, a la inexperiencia del Gobierno, que se olvidó de poner a funcionarios a que fiscalizasen el destino que se les daba a los euros prestados. Los bancos utilizaron el préstamo para sanear sus balances y tapar agujeros y, las empresas, se quedaron sin los créditos que tanta falta les hacían. Han transcurrido 3 años y las cosas no han variado aunque, eso sí, el Estado lleva destinado más de 250.000 millones de euros en sanear a cajas y bancos lo que, seguramente, se hubiera evitado si, en lugar de apoyar a los bancos que especularon con la construcción, se hubiera permitido que asumieran el efecto de su mala gestión, permitiendo que quebraran. Es por ello que, la situación de desmadre que se ha producido en todo el mundo occidental, con la caída del sistema financiero y los esfuerzos desorbitados de los gobiernos para destinar importantes cantidades de las reservas nacionales en acudir a salvar a los bancos y entidades financieras; encubre el peligro de que queden desatendidas otras facetas de la industria y el comercio, igualmente esenciales, que precisan, con más urgencia si cabe, del apoyo estatal; no tanto en cuanto a ayudas económicas, que también, sino para librarlas de trabas burocráticas y excesiva carga tributaria. Cuántas empresas, especialmente medianas y pequeñas, se hubieran podido salvar; cuántos puestos de trabajo conservar y cuántos miles de millones de euros hubiera ahorrado el Estado y los contribuyentes, si estos 250.000 millones de euros se hubieran destinado, directamente, sin intermediarios, a través de la gestión del ICO, a proporcionar liquidez a las empresas que precisaban de ella para afrontar la crisis.

En estos momentos es muy posible que el desempleo fuera la mitad del que tenemos; nuestro endeudamiento se mantuviera en unos límites razonables y nuestra situación en la UE mucho más airosa y razonable de la que tenemos ahora; metidos de lleno en el ojo del huracán, sometidos a la vigilancia de Bruselas y con una tasa de desempleo por encima del 20%, el doble de la media europea.  Y es qué, como dice el clásico: “hay sabios que ni saben ni son buenos” y, de estos, los tenemos a puñados.