Miguel Massanet Bosch

Siempre, las sentencias de los tribunales de justicia tienen trascendencia para la sociedad, sin embargo, es evidente que hay algunas que por el tema del que se ocupan; por los efectos que de ellas se derivan; por su contenido ético o moral; por el posible escándalo social que pudieran producir; por los efectos colaterales que ocasionasen o por los daños que de ellas pudieran emanarse, se convierten en causa de rechazo, preocupación y alarma para los ciudadanos que ven como, de aquellos organismos en los que tienen depositada su confianza, en lugar de salir resoluciones que estén de acuerdo con la legalidad, la imparcialidad, la justicia y la honorabilidad que se espera de quienes son los encargados de emitirlas, surgen raros engendros que resultan ininteligibles e inadmisibles para cualquier persona con sentido común y de recta conciencia. Y es por ello por lo que no podemos entender como, los magistrados del TC, los señores: Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Tremp, Luis I. Ortega y Adela Asúa, que fueron quienes votaron a favor de la legalidad de la formación Bildu en el TC; todavía no hayan admitido su error, no hayan pedido disculpas el pueblo español y no hayan solicitado, de inmediato, el que se les diera de baja en el Alto tribunal.

Lo cierto es que, desde que Bildu fue autorizada a concurrir a las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo y consiguiera un record de más de 126.000 votantes; hay que decir que, los adelantos que la policía, la cooperación internacional y el cerco a la financiación de la banda ETA habían logrado para arrinconar a los terroristas, hasta su casi extinción; han quedado reducidos a poco menos que la nada, a causa de la inyección de moral, el poder que se les ha dado y la indudable capacidad para poderse financiar de nuevo ( se calculan en hasta 2.000 millones de euros los que van a poder controlar los electos de la nueva formación de los herederos de Batasuna) a costa del Erario público; aparte de las opciones que los nuevos cargos públicos, a los que han accedido los miembros de dicha formación política, para hacerse con informaciones, que anteriormente les estaban vedadas; proseguir con más intensidad las políticas intimidatorios hacia aquellos ciudadanos que no comulgan con sus ideas e implantar, gracias a sus nuevas cotas de poder municipal, aquellas políticas de tipo independentista y separatista que hasta hoy sólo podían intentar imponer desde la clandestinidad. En definitiva, el miedo ha regresado a Euskadi, precisamente en un momento en que el señor Rubalcaba había decidido ir eliminando los guardaespaldas a aquellas personas que se habían convertido en objetivos de la banda criminal, argumentando que la tensión había decrecido y que el peligro de atentados ya no existía.

Lo cierto es que no han tardado los vencedores de las elecciones en mostrarse con su verdadera faz de herederos de Batasuna y poner en práctica todos sus planes que, hasta el momento de su legalización, se habían cuidado de mantener ocultos. El TC cayó en la trampa o se dejó llevar por sus tendencias políticas o se dejó intimidar por el Gobierno, pero, fuere cual fuera la causa, cedió a la tentación fácil de aceptar los argumentos de los abogados de Bildu e ignorar los informes exhaustivos que le habían proporcionado la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los que quedaban reflejados, con nitidez, los antecedentes y las concomitancias existentes entre el nuevo partido, Batasuna y los terroristas de ETA. Han vuelto las amenazas hacia sus contrincantes políticos; se hace la vida imposible a los pocos concejales del PP que se encuentran desvalidos y rodeados de etarras exaltados y reforzados por haber conseguido entrar en las instituciones públicas. Las víctimas del terrorismo no se acaban de creer la claudicación del Estado ante los abertzales y se sienten completamente abandonadas por las instituciones públicas que, por cuestiones de intereses electorales y para conservar los apoyos del PNV, para sacar adelante aquellas normas que les interesan, no han dudado en entregarse en manos de los nacionalistas con la esperanza de que, dejando pasar el tiempo y resistiendo en sus poltronas, van a conseguir lo que ahora sería imposible de concebir, es decir que vuelvan a ganar las legislativas del 2012.

Mientras Bildu ya ha empezado a retirar banderas españolas de los municipios en los que ha entrado a gobernar y el alcalde de San Sebastián, J.C.Izaguirre, ha hecho descolgar el retrato del Rey del lugar que ocupaba en el Ayuntamiento; los presos de ETA cada vez se muestran más belicosos, bravucones y despendolados; una actitud que adoptan incluso cuando son conducidos ante los tribunales en los que van a ser juzgados, sin respeto alguno hacia los magistrados que intentan que se comporten como es debido. El portavoz de Bildu ya ha dado un paso más en lo que, sin duda, va a ser la tónica general que se va a mantener durante esta nueva legislatura, cuando no ha tenido empacho en declarar: “En la apuesta de soberanía que tenemos, las Fuerzas de Seguridad del Estado, teniendo en cuenta que Euskal Herria es una de las zonas con más presencia policial y militar, es una cosa que se tiene que ir relativizando y disminuyendo” ¡Claro, esto es lo que ellos están esperando!, ¿o es que, el hecho de que la presencia policial y militar sea mayor en aquella región no está, precisamente, justificada para evitar lo que Bildu parece pretender? No debemos olvidar que, entre las cuestiones que se plantean estos separatistas se incluye la posibilidad de que se nieguen a seguir aportando a la Administración central las cantidades destinadas al sostenimiento del Ejército, la Casa Real y las Fuerzas de Seguridad.

Y a todo este tinglado que los ciudadanos tenemos que soportar poniendo cara de tontos, aparece el señor Pascual Sala, el presidente en funciones del TC, acusando, inocentemente, a los partidos políticos de intentar tener “apéndices” en el TC. ¡Pero señor mío, si hay un apéndice en dicho tribunal es sin duda usted, cuando su llegada ha coincidido con las bajadas de pantalones más sonadas de este Tribunal! Es posible que los magistrados puedan tener sus propias ideas políticas, pero lo que el TC ha venido haciendo durante los últimos años, especialmente con el retraso del estudio del Estatut catalán (tres años), incluida la resolución final sobre su legalidad: pobre, insuficiente y lo bastante ambigua para que los catalanes sigan haciendo lo que les da la gana, sin tomar en cuenta ninguna de sus prohibiciones; ya tiene otro nombre que suena peor. Lo que no puede negar el señor Sala es que fue miembro fundador de Justicia Democrática algo que implica comprometerse con una determinada ideología, todo lo respetable que se quiera, pero que supone condicionar su actividad judicial a unos determinados parámetros ideológicos que, sin duda, han venido influyendo en el hacer de este señor y en sus resoluciones. Tampoco puede pretender que la composición del TC haya estado mediatizada por las propuestas de los partidos políticos y que, dentro de la Institución, se hayan venido enfrentando, habitualmente, los llamados progresistas con los denominados conservadores. No nos salga ahora con este pretendido puritanismo, como si todos los magistrados fueran unos ángeles que nunca se han dejado influir por quienes los propusieron para el cargo. ¡Ya estamos creciditos, señor Sala!

Y algo para quienes están entusiasmados con los “Indignados” Un grupo de ellos increparon en Murcia al antiguo presidente de la AVT, señor Alcaraz, por pedir la ilegalización de Bildu. En Francia algunos de ellos impidieron el arresto de una militante de Batasuna. No parecen buenas credenciales para estos supuestos “apolíticos” que “sólo piden la regeneración de la política”. Claro que, ésta, es sólo mi opinión.