Pedro Sáez Martínez de Ubago. Recientemente nos ha sorprendido lo que podemos denominar “guerra de las corbatas” entre el presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono y el ministro de
Industria, don Miguel Sebastián.

También ha terminado el mes de julio con la repentina dimisión del recién elegido presidente de la Geralidad Valenciana don Francisco Camps, imputado por el caso Gürtel, y a quien por aceptar presuntamente un regalo de tres trajes se ha dejado en libertad tras depositar una fianza de 55.000 € ¡Eso sí debe de ser alta costura!

En otro ámbito no menos importante como es el judicial, también hay sus más y sus menos por el traje y corbata que deben usar los jueces y magistrados pero no las juezas y magistradas, con la consiguiente incomodidad que esta diferencia puede representar para los primeros, en tanto que abogados y fiscales se ven también libres para usar esta a veces engorrosa prenda.

Con todas estas minucias, a las que los medios de comunicación han dedicado no pocos minutos, se ha conseguido distraer la atención de buena parte de los españoles, sobre otros temas mucho más importantes.

Por ejemplo, qué se esconde de verdad tras la dimisión de Camps y toda la trama Gürtel; lo que se deja de hacer y realmente se necesita y se debería hacer en las Cortes Generales, que es legislar de la forma más adecuada eficaz y conveniente para los intereses de España, particularmente en estos momentos tan duros para toda la nación, con cinco millones de parados, la seguridad social al borde de la quiebra y un
endeudamiento público, que podría ser peor si, como en Grecia, nuestros políticos han falseado las cuentas en los diferentes niveles administrativos; o la La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó el 25 de julio al Consejo de Ministros y que termina por apuntillar la ya moribunda independencia de la justicia en España.

Si el voto de calidad del presidente del TC bastó en su día para introducir el aborto en España; si recientemente 1 voto de diferencia permitió a este mismo tribunal revocar la anulación de las listas de Bildu por la Sala Especial del Supremo y autorizó la concurrencia de la coalición a las elecciones; si los miembros de este Tribunal Constitucional, igual que los del Consejo General del Poder Judicial dependen de los partidos políticos, porque son nombrados por ellos; ahora con la LECrim, la instrucción
de los casos ya no dependerá de jueces teoricamente independientes, sino de un ministerio fiscal absolutamente jerarquizado a las órdenes del gobierno de turno.

Con este panorama llega agosto y los políticos y jueces se van de vacaciones, mientras millones de españoles no pueden hacerlo, porque entre las leyes de los unos y los fallos de los otros, entretenidos en dimes y diretes de trajes y corbatas, se están quedando sin casa, sin comida y como Dios les trajo al mundo.

Ahora que se acercan tantas fiestas patronales, es buen momento para que alcemos los ojos e imploremos, en sus diversas advocaciones, a toda la corte celestial, para que se haga realidad lo que en el año 55 antes de Cristo ya decía Cicerón: “El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”.