Colectivo Alborán. Con ocasión a la manifiesta y múltiple traición ocurrida con ocasión del “9-N”, viene a nuestra memoria que 127 militares han caído en guerra subversiva, lo que mayoritaria e intencionadamente se ha llamado simplemente terrorismo, mientras que los Guardias Civiles caídos han sido 227, y el número de los heridos, muchos de ellos graves y con mutilaciones e incapacidades permanentes, no está determinado públicamente.    
A muchos les parecerán abultadas esas sangrientas y escandalosas cifras, acostumbrados a la manipulación informativa de un “sistema” en muchas ocasiones colaborador de esas acciones subversivas, pero, desgraciada y estadísticamente, son así. Asociamos hoy también nuestro recuerdo al reciente último reconocimiento de que el incendio (sic) del Corona de Aragón fue un atentado del separatismo terrorista vasco.
El 12 de julio de 1979 se produjo el “Incendio del Corona de Aragón”. Aquel día iba a celebrarse la entrega de despachos a la XXXVI de la AGM y, por ese motivo, se alojaban en el hotel, entre otros, la viuda del Generalísimo Franco, su yerno y su hija, así como dos de sus nietos, y diversos mandos militares, entre ellos el General Vigón, quien perdió allí a su esposa, doña Concepción García Llorente; entre los nuevos alféreces se encontraba Cristóbal Martínez-Bordiú.  ETA y GRAPO reclamaron la autoría, y hubo varias amenazas de bombas en Zaragoza durante el incendio. Nunca fue verdaderamente investigado (como el Monte Oiz o el 11-M), por lo que el descontrol fue grande.  Al menos hubo 82 víctimas mortales y 114 heridos (un cadáver quedó sin identificar y nunca fue reclamado); muchos fueron extranjeros, incluidos norteamericanos; cuando se hizo el recuento entre clientes del hotel vivos y muertos, faltaban tres y, curiosamente los tres tenían el DNI falsificado. Perecieron Rodrigo Peñalosa Esteban-Infantes, Coronel de Artillería retirado, Alfonso Queipo de Llano y Acuña, Teniente Coronel de Caballería, José Jiménez Gil, Comandante de Intendencia, y Ángel Hernández Pérez,  Capitán de Infantería destinado en la Policía; también murieron  Ángel Cabello Iruela, Teniente de la Guardia Civil y los familiares de militares y Guardias Civiles Genara García O'Neill, Francisca Diufaín de Alba, María Asunción Cabello Baeza y Asunción Baeza Escolano.
En 1980 la Audiencia Nacional dictó un auto afirmando que no se había acreditado el carácter terrorista y la Audiencia de Zaragoza sobreseyó la causa en 1982. En el año 2000, el Gobierno Aznar concedió a las víctimas una indemnización similar a las que reciben las víctimas de terrorismo, pero sin reconocer que es un atentado. El 10 de febrero del 2009 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta un informe pericial que señalaba que el incendio <<no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual>>, dictó una sentencia reconociendo el derecho de la mujer del General Vigón a recibir la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. El de junio de 2013 el juez Fernando Andreu, del Juzgado nº 4 de la Audiencia Nacional, que había reabierto la causa en marzo del mismo año después de que  cinco víctimas  esgrimieran la sentencia del Tribunal Supremo de 2009, determinó que el incendio no fue un acto terrorista. Pero el 17 de septiembre de 2014 el Ministro del Interior concedió <<la Insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a D. Juan Ramón Vigón García, hijo de Dª María Concepción García Llorente, que falleció en el atetado terrorista ocurrido el día 12 de julio de 1979, en Zaragoza>> (véase: Interior reconoce que el incendio del Corona fue un atentado terrorista, http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/1...).
También recordamos que el 21 de octubre de 2013, entre las 12:00 y las 13:00 horas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo hizo pública su sentencia sobre la derogación de la Doctrina Parot. En base a ella, al día siguiente el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por el juez Grande Marlasca, acordó la excarcelación de la etarra Inés del Rio, pero en ese momento no había sido traducida al español la sentencia, dictada originalmente en inglés y francés. Los 18 jueces españoles que iniciaron la excarcelación de asesinos, terroristas y presos comunes, sin disponer del texto en español aplicaron inmediatamente la sentencia, por lo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quebrantó la ley. Es ilógico, y una burla para con la justicia y la convivencia, sino es algo peor, que condenados a 4.000 años de cárcel salgan a los 20, y, por supuesto, sin ningún arrepentimiento.
    Todos estos trágicos, dolorosos y amenazadores recuerdos se nos agolpan en este más que sombrío Noviembre de 2014.