Pedro Sáez Martínez de Ubago. Un número creciente de presos etarras, a los que en el día de hoy se ha sumado el conspicuo Arnaldo Otegui, frustrado candidato a la presidencia del Gobierno vasco, se está declarando en huelga de hambre en los últimos días con la idea de presionar al Gobierno de la Nación para que excarcele al terrorista etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, a quien aparentemente se le ha agravado la antigua dolencia  que el 9 de junio del 2005 hizo que se le re practicara una nefrectomía, a consecuencia de un carcinoma en el riñón izquierdo, pero que, hasta hace poco se venía negando a hacerse las pruebas de diagnóstico  y seguimiento oportunas.
Dada la constitucional igualdad de todos los españoles ante la ley, quiero pensar que, por el hecho de ser un delincuente más o menos notorio, el señor Uribetxeberría no se verá privado de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos españoles. Es decir, acudir al médico del centro correspondiente para, una vez analizada su dolencia actual, ser derivado al especialista que se estime oportuno, pero sin menoscabo de otros ciudadanos que antes que él estén en listas de espera para la obtención de su prestación sanitaria.
Sin embargo ahora, en agosto, con las plantillas reducidas por el periodo vacacional y con los servicios mermados por los recortes a que el sistema sanitario se ha visto sometido por la crisis, parece un asunto de la máxima prioridad la atención de este delincuente. Por ello uno no puede dejar de sospechar en una maniobra del mundo etarra para chantajear al gobierno de la Nación, desde Garitano, quien en fechas recientes visitaba al enfermo, hasta las personas que ayer se manifestaban por San Sebastián reclamando su liberación, cuando –insisto- aún no se conoce su estado porque él así lo ha querido.
Ante todo ello, creo oportuno hacer tres reflexiones.
En primer lugar, parece que la ETA no está ni tan acabada ni tan derrotada ni tan sumisa como el gobierno del Partido Popular, que parece seguir la inicua senda de pacto trazada por Rubalcaba, quiere hacernos ver. Recordemos que, desde que los terroristas declararon su tregua, la policía ha detenido a casi una treintena de ellos portando armas, acaparándolas, custodiándolas y recopilando documentación. Por otro lado, ver que la mecha de la revuelta ha prendido en cuestión de horas entre los etarras dispersos por todo el territorio nacional es la prueba de que entre ellos existe una coordinación y una disciplina: es decir un espíritu de grupo que hace prácticamente increíble la presunción de buena fe en cualquier actitud aislada de un miembro de tal manada.
En segundo lugar, hay que tener claro que cualquier intento de chantaje al gobierno es un delito. Sea un secuestro, como en el caso de Miguel Ángel Blanco u Ortega Lara, sea una huelga de hambre colectiva, como actualmente estamos viendo.
Si el caso de Miguel Ángel Blanco acabó tristemente y en el de Ortega se pudo llegar a tiempo de evitar lo peor, ante la actual huelga de hambre no caben excusas ni ambigüedades a la hora de actuar. Lo que se haga debe ir necesariamente en la línea marcada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 120/1990, de 28 de junio, sobre la huelga de hambre de los presos del GRAPO.
Ya entonces el T C tuvo que enfrentarse al tema de la disponibilidad sobre la propia vida, donde se enfrentan los dos derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución: de un lado, el derecho a la vida, en su manifestación de obligación del Estado de proteger la vida, y, de otro, el derecho a la integridad física y moral, en su dimensión de exclusión de toda intervención exterior no consentida en el cuerpo o espíritu de una persona.
Recuérdese que el Tribunal declaró, en primer lugar, que el derecho fundamental a la vida, en cuanto fundamento objetivo del ordenamiento, impone a los poderes públicos "el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho". En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo anterior, subrayó el papel activo de protección de la vida que corresponde al Estado en el terreno de las relaciones de sujeción especial, como ocurre con los presos, en la medida en que se trata de "personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligado a preservar y proteger".
En tercer y último lugar, conviene traer a cuenta las declaraciones del ministro del interior, señor Fernández Díaz, quien recordando que Uribetxebarria "era el carcelero de Ortega Lara y ha participado en otros atentados", y subrayó "la diferencia" entre "los criminales de ETA" y el estado de Derecho, pues éste prevé "humanidad para tratamientos humanitarios". "Una humanidad que él no tuvo cuando, si no llega a ser por la Guardia Civil" que lo rescató tras 532 días, "hubiera dejar morir a Ortega Lara en aquél zulo" en el que estuvo recluido.
Cabe pensar que va por muy mal camino un ministro que compara la actuación del Estado de Derecho con el de una banda terrorista. Mucho más acertado hubiera estado el ministro Fernández Díaz equiparando la actuación del reino de España con la actuación ante un caso semejante –la huelga de terroristas del IRA de 1981, iniciada por Bobby Sands con el propósito de atraer la máxima atención pública y ejercer mayor presión sobre la Primera Ministra Margaret Thatcher. Por si alguien lo ha olvidado, en el Reino Unido se cerró el asunto con el fallecimiento de 10 de los insurrectos entre el 5 de mayo y el 20 de agosto; y tras ello la claudicación de todos los demás ante la firmeza de una potencia europea y democrática de nuestro entorno.
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO