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URIARTE PIDE A LOS POLÍTICOS "APARCAR DIFERENCIAS"

Azpeitia despide a Ignacio Uría con una misa fúnebre

Redacción Madrid. 5 de diciembre.  

   Cientos de personas, familiares, amigos y vecinos de Azpeitia (Guipúzcoa) abarrotaron ayer la parroquia San Sebastián de Soreasu de la localidad para despedir en un funeral a la última víctima de ETA, Ignacio Uría, tras la cual se manifestaron en una marcha silenciosa por las calles del municipio.

   Durante la homilía, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, denunció que se pretenda "condenar a estar bajo el terror y el miedo" a empresarios y trabajadores vascos y pidió, por otra parte, a la clase política que "aparquen aquellas diferencias que impiden la paz posible". En el acto religioso estuvieron presentes personalidades, entre las que se encontraba el lehendakari, Juan José Ibarretxe, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, la titular de Innovación, Cristina Garmendia o la consejera vasca de Transportes, Nuria López de Gereñu.

   Sobre las siete y veinticinco de la tarde de ayer llegó la comitiva fúnebre con los restos mortales de Ignacio Uria, que, hasta ese momento, descansaban en la capilla ardiente instalada en el tanatorio, hasta la parroquia en la que se ofició su funeral y que se quedó pequeña. Decenas de personas tuvieron que seguir la misa desde la calle, por medio de pantallas gigantes. Todos los presentes aplaudieron la llegada del féretro y la entrada de la viuda de Uria y sus hijos.

   Al funeral también asistieron entre otros el lehendakari, Juan José Ibarretxe, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, la titular de Innovación, Cristina Garmendia, la consejera vasca de Transportes, Nuria López de Gereñu, el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, o la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate. También se sumaron los socialistas Leire Pajín y Patxi López, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, el presidente del GBB, Joseba Egibar, el coordinador de EB, Javier Madrazo, el dirigente de EA, Rafa Larreina, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaria, el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta. Junto a todos ellos, se encontraba una amplia representación de Confebask y sus organizaciones territoriales encabezadas por el presidente, Miguel Lazpiur, y el de Adegi, Eduardo Zubiaurre.

   A todos ellos se dirigió el obispo de San Sebastián en su homilía, ya que durante su intervención pidió a los políticos que "aparquen aquellas diferencias que impiden la paz posible". En este sentido, el prelado vasco aseguró que, con el asesinato de Uria, se ha querido "deshacer" una decisión adoptada por los representantes del pueblo y las instituciones "utilizando la violencia como vía". Al respecto, se preguntó si eso es respetar "una decisión de la mayoría". Juan María Uriarte se refirió también a la lucha tenaz "contra la violencia sangrienta que siembra terror" y señaló que para desarraigar esa violencia "no basta la pura justicia", sino que "es necesario el amor a las personas, al pueblo".

  "Un hombre ha sido abatido como una pieza de caza, un hijo de Dios ha sido tiroteado como un criminal. Una familia ha sido sumida en un mar de dolor, un empresario que brinda trabajo ha sido eliminado violentamente. Un proyecto avalado democráticamente quiere ser neutralizado por la fuerza y la sangre derramada", señaló. Uriarte también denunció que, con este nuevo asesinato, una "sociedad enfrentada a graves problemas ha sido de nuevo herida en su esperanza". El obispo de San Sebastián se preguntó "si ése es el camino para la liberación que ETA promete". "Qué liberación?", cuestionó.

   "No os han tocado, estimados empresarios, los golpes más tolerables por parte de este azote de la violencia. Sintonizamos con la pesadilla que muchos sufrís en vuestra carne y en la de vuestra familia. Tenéis todo el derecho y la necesidad de contar en estos momentos con el apoyo neto de la sociedad y con la defensa eficaz de vuestra vida y vuestros bienes", indicó. Asimismo, manifestó que los trabajadores de las empresas amenazadas tienen "igual derecho" a que se garantice "al mismo tiempo su seguridad y su trabajo".

 

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