Lo que muchos no saben. Hay reconocidos hasta 47 dialectos del español. desde el madrileño hasta el chilote, el andino o el rioplatense y jergas como el cheli. 
Según figura publicado por el BORM es el socio y administrador único de Ilocad, S.L.
Baltasar Garzón crea su bufete en el barrio de Salamanca de Madrid
Redacción. Después de que el Tribunal Supremo condenara a principios de año a Baltasar Garzón con once años de inhabilitación como juez de la Audiencia Nacional, éste ha decidido crear su propio bufete de abogados en el distinguido barrio de Salamanca, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que le señala como socio y administrador único del bufete Ilocad S.L., que comenzó sus operaciones el pasado 1 de junio con un capital de 3.000 euros.
El objeto social es la "intermediación profesional y a través de los correspondientes profesionales, gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la abogacía".
Esta semana el exjuez de la Audiencia Nacional se encuentra en Colombia ayudando a la Fiscalía en la planificación de una adecuada estrategia que sirva para descongestionar los procesos judiciales de este país latino, y en especial, los casos relacionados con derechos humanos.
Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, lo que supuso para los acusados una "drástica e injustificada reducción del derecho de defensa.
Esta sentencia, que además fue aprobada por unanimidad, supuso en la práctica el fin de la carrera de Baltasar Garzón con la "pérdida definitiva" de la condición de juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuya plaza perderá.
Durante los once años que señala la sentencia, Garzón no puede obtener ningún empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo reiteró su doctrina en el sentido de que "la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los expresamente llamados en relación con asuntos penales solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente".