Francisco Torres García. Se comenta que en España existe un denominado Ministerio de Igualdad regido, que no dirigido, por una tal Bibiana Aido. Parece lógico pensar que entre los objetivos de la titular de la cartera figure impulsar políticas que eviten que la mujer siga siendo presentada, y por lo tanto percibida, como mero objeto sexual atemperado con barnices eróticos, a menos que este tipo de reclamo, tan habitual en la publicidad o en muchos programas televisivos, no sea considerado por dicha titular como ejemplo claro de tratamiento discriminatorio y sexista que fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres.

Dicen que en España existe una titulada “Ley General de la Comunicación Audiovisual”, y hasta un acuerdo sobre los límites a los contenidos que se pueden emitir en un tiempo calificado como horario infantil para proteger a los niños (aunque deberían ser los padres quienes evitaran los riesgos morales y mentales que ver determinados programas suponen). Es también lógico pensar que el objetivo de dicha ley es velar para  que no se produzca, de forma diaria y reiterada, la cascada de insultos, la violencia verbal, el griterío que boicotea la razón, la falta de respeto a la hora de debatir que tan usuales son en las cadenas televisivas; modelos que, porque generan audiencia, son explotados, como marca y divisa, por multitud de programas, hasta prácticamente transformarse en auténticas señas de identidad de emisiones y canales.

Como es natural todos conocemos cómo actúa la administración en estos casos, todos podríamos citar de memoria casos y casos en los que las diversas administraciones han intervenido para corregir desviaciones como las antes subrayadas. Abundan en la historia de la comunicación audiovisual reciente las acciones emprendidas, desde que se puso en marcha, por el Ministerio de Igualdad (Ministerio de la Propaganda de la ideología de género) para acabar con la utilización denigratoria de la mujer. Igualmente conocidas son las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Industria del que depende la Comunicación Audiovisual. ¡Son tantísimas que resulta difícil destacar alguna! De ahí que sea difícil de entender por qué se queja ahora Intereconomía. ¿No la tratan como a las demás?

Todos sabemos que la práctica habitual de los programas de la cadena de televisión del grupo Intereconomía es el insulto, las interrupciones en los debates, la violencia verbal, el chisme, la falta de exposición adecuada de las ideas, la ausencia de respeto entre los contertulios… Es la marca de la cadena. ¿No es así?

Todos sabemos que en la parrilla de Intereconomía abundan los programas donde lo chabacano es objeto de exaltación; donde los presentadores y tertulianos utilizan en el llamado horario infantil términos tan correctos y apropiados como “zumbar”, o hablan de la que se “hizo famosa por tocarle la chorra a un torero”, o en dos minutos utilizan el término “hijo de puta” cuatro veces a modo de broma… Todos hemos visto deambular por sus platós a presuntos y algún no presunto “maltratador”; donde se contrata a golpe de talonario como opinantes a sujetos o sujetas cuyo único mérito es… (dejo los calificativos, para evitar problemas legales, al lector). ¿No es cierto?

Ésta es pues, según parece, la realidad, lo habitual, la marca de la cadena Intereconomía. De ahí que el Ministerio de Industria, que debería estar preocupándose por la destrucción del tejido industrial español y no por estas cosas, y el Ministerio de Igualdad se hayan decidido a poner coto a los desmanes.

El “casus belli”, la aparente gota que ha colmado el vaso, lo que ha agotado la paciencia y la forma laxa de aplicar la ley en beneficio de la libertad de expresión, han sido los calificativos utilizados por el periodista Eduardo García Serrano al indignare porque, con fondos públicos, se financie en Cataluña un portal de pretendida educación sexual para niños y adolescentes que recomendaba y explicaba prácticas sexuales para todas las edades. La presunta víctima resulta que es una política, la Consejera de Sanidad de la Generalidad de Cataluña. García Serrano se equivocó al utilizar el rico arsenal de calificativos de la lengua castellana. Debió recordar que lo que la Consejera impulsaba era la violación de los Derechos de los padres. Ni más ni menos. Eduardo García Serrano, curiosamente, no siguió la máxima de otros medios rectificó y pidió disculpas mucho más allá de lo exigible. Lo que como todos sabemos es práctica habitual en todas las cadenas y programas.

Algunos ingenuos podrían creer que al Ministerio de Igualdad y al de Industria le preocupa un presunto “trato vejatorio” a una mujer y por eso ha actuado a una velocidad asombrosa. Insisto en que esa es la práctica habitual de los responsables de ambas carteras.

Los mal pensados, como el que suscribe, simplemente creemos que no han aguantado dos cosas: la primera, que quien ha sufrido el presunto “trato vejatorio” haya sido una política y como tal parece tener más derechos y defensores que el común de los mortales; la segunda, y mucho más importante, que interesa impulsar una campaña de linchamiento público contra una cadena en expansión que se ha convertido en la oposición real al gobierno. Y, por si alguien quiere ir más allá, cabría preguntarse si en el fondo no se trata de poner freno a quienes están sacando a la luz casos tan escandalosos como el de las propiedades de José Bono o se plantan sin problemas ni complejos ante campañas como las de los “artistas” de la ceja.

El “casus belli” -los excesos de García Serrano-, contemplado así, no es más que una excusa, lo que al socialismo le preocupa es que puedan existir medios no controlados por la izquierda o que no se subordinen ni al discurso conveniente ni al programa de ingeniería social que conforma su discurso. Lo que pretenden es dar un escarmiento e imponer la censura directa o indirecta aunque se cisquen en la Constitución.

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