Durante estos últimos meses, quien se desconecta, aunque sea por unos pocos días, de los acontecimientos que, cada vez con más rapidez e intensidad, se van sucediendo en nuestro globo terráqueo, corre el riesgo de quedarse desfasado y perder el tren de lo que sucede en este universo loco y desalmado de la economía, las finanzas y la política; que andan tan convulsionadas, especialmente por lo que respeta a nuestra nación, que casi es imposible abarcar la información, dada la complejidad del tema y lo acelerado de los cambios políticos que se van sucediendo. 

 

Se dice que durante los acontecimientos del mayo de 1.937 cuando, durante la Guerra Civil, los republicanos retiraron tropas, que luchaban en el frente contra los nacionales, para llevarlas a Barcelona donde, comunistas, socialistas y miembros de ERC, intentaban deshacerse de sus adversarios tradicionales: los de la CNT, POUM y los extremistas de la primera, integrados en la FAY. Una operación que, sin duda, les facilitó a las tropas del general  Franco realizar importantes avances. Hoy, cuando estamos pasando por días de verdadera inestabilidad, de graves acontecimientos y de dudas sobre si, España, podrá salir del conflicto en el que está sumida; pendiente de las decisiones que salgan de una Europa que, a la vez, demuestra estar desunida y poco segura de cuál es el mejor camino para evitar la caída definitiva de la divisa europea, el euro; el hecho penoso que, una vez más, desde la comunidad catalana vuelvan a dar la nota, con unas declaraciones, poco afortunadas, del señor Mas que, posteriormente, por si no hubiera sido lo bastante explícitas, han sido reforzadas y ratificadas por el portavoz del Gobierno catalán, señor Francesc Homs, quien ha dicho,  referente a la reciente sentencia del T.Supremo que ha anulado los artículos 4.1, 4.3,. 4.4 y 4.5 del Decreto catalán que ordena el Segundo Ciclo de Enseñanza Infantil: “De aquí no nos movemos, diga lo que diga este tribunal o cualquier otro. Por aquí no pasaremos”. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso eslogan de La Pasionaria, del “no pasarán”?, ¿sí?, pues pueden aplicarlo al señor Mas y al señor Homs, así como a todos los que los apoyan.

 

Vamos a recordar el hecho de que Bruselas, por medio de la Comisión Europea, acaba de exigir la modificación, en dos meses, de la Ley de Cine de Cataluña por discriminar la distribución de las películas europeas, tachándola de “discriminatoria y contraria  a las normas de la UE sobre la libre circulación de servicios”. ¿No querían el señor Más y todos los separatistas catalanes separarse de España para entrar, como país independiente, en la UE; pensando que ello les permitiría imponer el catalán a cualquier precio? Pues aquí tiene la primera respuesta de lo que les acontecería si, como país pigmeo y aislado, pretendieran hacerse el gallito ante las naciones europeas. Pero sucede que. contrariamente a lo que los catalanes y sus dirigentes sostienen, en la comunidad catalana no es que se pretenda conservar el catalán, promocionarlo y hacer que lo hablen la mayoría de las personas que viven en Catalunya; sino que, su pretensión, es emplear el idioma catalán como arma arrojadiza y, pro domo sua, hacerlo servir para imbuir a los catalanes de que, el resto de España, está en su contra y que lo que se pretende es hacer que desaparezca el idioma vernáculo en pro del castellano. Luego hablan del famoso Pacto Fiscal y de que Madrid les está esquilmando. De hecho, esta política, ante la impasibilidad del Gobierno central, ha conseguido que, en una última encuesta (no sabemos si manipulada o no),  parece que, un 51% de los catalanes, quieren la independencia de España.

 

El TS ha dejado invalidada, en una gran parte, la ley catalana que imponía la vehicularidad del catalán en la enseñanza. Para salvar la cara, obligaba a los que desearan ser enseñados en castellano, a pedirlo especialmente, con lo que se convertía a los niños que lo pidieran en unos marcados, condenados al ostracismo y aislado del resto de catalano–parlantes.. El Supremo ha acabado, contundentemente, con esta ignominia y ha reconocido el derecho a cualquier ciudadano a ser educado en castellano; anula la resolución del TSJC que establecía que, el catalán, debe ser la lengua vehicular en las aulas de las escuelas ( tanto en actividades internas como externas); descarta la separación de los alumnos en función de la lengua, implanta metodologías de inmersión lingüística y hace obligatorio para los centros el aprobar un proyecto para el uso del catalán en la escuela. En definitiva: para ser constitucional el decreto de la Generalitat debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano, sin condicionarlo por quien lo posea a título individual” ¡Más claro, agua! Por otra parte, el Supremo rechaza el que el idioma castellano “quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sin que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza.

 

Sin embargo, a tenor de las declaraciones de sus gobernantes, una vez más, la comunidad catalana – en la que ya se han quemado banderas, retratos del rey y se han manifestado en público con banderas separatistas y panfletos, insultando a España y a los españoles – ha mostrado su cara más oscura, su predisposición en contra de nuestra patria y de aquellos que, además de catalanes, queremos ser españoles y amamos nuestros símbolos, y su intención de ignorar cualquier norma que provenga de los tribunales españoles entre los cuales, como es natural, están el TS y el TC. Una vez más, se han ninguneado las resoluciones de nuestros más altos tribunales, referentes a la necesidad de que Catalunya, como cualquier otra comunidad española, acate y ejecute las resoluciones del poder judicial que como es sabido actúa, o debería hacerlo, de acuerdo con lo señalado por las leyes estatales y, en especial, con las normas constitucionales. El que sean el presidente de la comunidad y otros altos cargos quienes se manifiestan en contra de seguir cumpliendo las sentencias de los tribunales (cuando pueden intentar acudir a instancias más altas para sostener sus objeciones, si las hubiera). Si estamos en una situación crítica, cuando todos nos vemos obligados a sacrificarnos y  los inversores internacionales nos miran con desconfianza y dejan de comprar nuestra deuda o nos obligarán a pagar precios insostenibles para colocarla; nada más le falta, a España, el tener que bregar con sujetos levantiscos y comunidades rebeldes, que pretenden sacar tajada de la difícil situación del pueblo español, para obtener beneficio para sus causas separatistas.

 

Los tribunales, en esta ocasión, han cumplido con su cometido pero ¿quién será que le pone el cascabel al gato? ¿Actuarán las fiscalías de acuerdo con su obligación de hacer que las leyes sean ejecutadas o se quedarán, como han venido haciéndolo hasta ahora, mirando hacia otro lado mientras que, los infractores de las leyes, siguen tan tranquilos, manteniéndose en sus posturas de enfrentamiento a la legalidad? Ya sería hora, como dijeron los del PP cuando entraron en el Gobierno, de poner orden en el Estado de las Autonomías, si es que quieren que España siga siendo España. O así es, señores, como lo veo yo.