El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, está realizando una inteligente reforma “encubierta” del conjunto de las Administraciones Públicas.

No es noticia la existencia de competencias que se solapan entre Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas y Administración Central del Estado. Están claramente sobredimensionadas y  constantemente duplican sus esfuerzos, realizando, en muchas ocasiones, servicios similares con un resultado costoso, lento y poco eficaz. A modo de ejemplo, alguna de las medidas que anunció la Vicepresidenta del Gobierno,  Soraya Sáez de Santamaría, en el último Consejo de Ministros, como es la supresión de empresas públicas.

Y, se puede decir también, que han corrido ríos de tinta sobre la necesidad de abordar el problema. La punta de lanza es que, en todo caso, la solución pasaría por una inevitable reforma de la legislación vigente, con todas las exigencias de tramitación, negociación y tensiones entre las diferentes fuerzas políticas que ello conlleva. Y no digamos si se planteara la opción de devolver competencias a la Administración Central del Estado…

Las actuaciones del Sr. Montoro llevan emparejadas un alto contenido estratégico político y financiero. Y ahora pasamos a ver porqué. Partiendo de la situación de crisis financiera de las corporaciones locales, han sido requeridas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para presentar, primero, y hasta el 15 de marzo, sus facturas pendientes hasta el 31 de diciembre de 2011 con los proveedores. Y, segundo, para presentar, antes del próximo 31 de marzo, un plan de viabilidad que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas y que sea sostenible en el tiempo. Cada palo que aguante su vela. Toca una reorganización interna con mesura, de tal manera que cada organismo se redimensione a sí mismo para poder ser eficiente.

Las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos recibirán, para pagar a sus proveedores, cerca de 35.000 millones de euros en préstamo sindicado a diez años con un interés del 5%. El verdadero origen de este dinero no es otro que el Banco Central Europeo, que con un interés cercano al 1%, otorga a los bancos españoles y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la capacidad suficiente para proveer el préstamo mencionado. Gracias a la política de “barra libre de liquidez” del BCE. De esta forma, los proveedores de las corporaciones locales, pueden finalmente comenzar a cobrar sus facturas, desde previsiblemente el mes de mayo, en base al criterio de antigüedad de las mismas.

Para la banca es un espléndido negocio, y no tendría ningún sentido que se obligara a realizar quitas de las facturas de pago de proveedores. Las quitas deberían ser, en cualquier caso, de carácter voluntario. Y que se garantice el pago íntegro de la deuda.

Se prevé además una reforma de la financiación municipal y autonómica, con la intención de encauzar, de una vez por todas, los problemas económicos. Lo que, inevitablemente, traerá consigo duros ajustes. Y esto, además, tiene la ventaja de permitir paliar en parte el “clientelismo” político existente en las Autonomías y los Ayuntamientos. Realizando una sanísima política de “higiene democrática”.

El propio Cristóbal Montoro ha hablado ya de su intención de realizar, en breve, una normativa que delimite con claridad las competencias de las administraciones públicas, para evitar "duplicidades e ineficiencias" y como "condición necesaria para corregir el exceso de déficit público”

El Sr. Montoro, se aleja del modelo tradicional que supondría un consenso entre PP y PSOE  que conllevaría con seguridad una inevitable sucesión de tensiones y conflictos, para realizar en cambio una reforma del modelo territorial concebido como una autoreestructuración de cada organismo, evitando así además las dilaciones que supondría una modificación de la legislación actual. Aquí reside el valor diferencial del enfoque ofrecido por Montoro. Por lo menos, a corto plazo.
 

Sin embargo no podemos olvidarnos de que la verdadera reforma pasa por lo que propone la plataforma Esto Sólo lo Arreglamos sin las Autonomias, donde ya han firmado miles de expertos, incluso, en derecho constitucional.