Lo que muchos no saben. Hay reconocidos hasta 47 dialectos del español. desde el madrileño hasta el chilote, el andino o el rioplatense y jergas como el cheli. 
La ciudadanía está perpleja de que con unas cuantas explicaciones se concluya una acusación de malversación de caudales públicos
Divar, por higiene democrática, debe explicarse o dimitir
Miguel Massanet Bosch. El clérigo e historiador inglés del siglo XVII Thomas Fuller que fue aquel que dijo: “el que no tiene bobos, ni bellacos, ni mendigos en su familia, fue engendrado por un rayo de luz”, nos legó a la posteridad, en su obra Gnomnología, la siguiente frase: “El hombre honrado no teme ni a la luz ni a las tinieblas”. Entendemos que toda la gente honrada que, afortunadamente todavía quedan muchas personas en este planeta (que parece condenado al fuego eterno), que gozan de esta rara cualidad, no deben ir dando explicaciones de todos sus actos a cualquiera que intente averiguarlo. Pero hay casos en los que quienes, por su especial estatus, por su notoriedad, por los cargos públicos que ocupan o por ser personas que tienen, por su profesión, oficio o responsabilidades en el manejo de fondos públicos o la responsabilidad de juzgar las actuaciones de los ciudadanos e impartir justicia; cualquier acción u omisión que, de alguna manera, pudiera empañar su buen nombre o poner en cuestión su ética u honradez, requieren un especial marchamo de transparencia y publicidad, de modo que, cualquier atisbo de irregularidad sea despejado inmediatamente. Pasa con ellos como con la mujer del César que, como se decía: “no basta con que sea honesta sino también debe parecerlo”.
Por ello, en unos momentos en que, en España, se viene demostrando una cierta relajación en muchas instituciones, en la forma de actuar de personas de gran relieve público y social que no parece corresponderse con su rango y prestigio; de escándalos de grandes corrupciones por parte de gestores autonómicos y de actuaciones judiciales que le hacen subir los colores a cualquier ciudadano medianamente consciente de lo que es la ética y la justicia; parece que ha llegado un momento en el que la ciudadanía ha adquirido un grado de desconfianza, de saturación, de indignación y de desagrado tal que ya no se conforma con explicaciones solemnes, con posturas de aparente honor ofendido o con apoyos corporativos, cuando sale a la luz alguno de los frecuentes casos de malversación de caudales públicos, de despilfarro de dineros de los contribuyentes o de supuestos y más que discutibles deberes profesionales a realizar por cuenta del Erario público, que luego no aparecen debidamente registrados y justificados.
Si ya estamos soportando el caso Urdangarín y los intentos que, algunas instituciones, vienen haciendo para evitar el escándalo que amenaza a toda la Casa Real, por los manejos que parece haber llevado a cabo, con la colaboración de funcionarios, para hacerse con unos ingresos extras o, el no menos asombroso caso de los ERE’s de Andalucía, donde una heroica juez intenta poner en claro uno de los robos más vergonzosos que se pueden llevar a cabo, perpetrados por unos socialistas corruptos, contra los derechos de los trabajadores a los que se les han hurtado, ignominiosamente, unas compensaciones que se les debían; para favorecer a personas a las que, el clientelismo y la desvergüenza de algunos funcionarios deshonestos, han querido lucrar, beneficiándose, de paso, a sí mismos; no es menos cierto que, en momentos de gran incertidumbre para el país, con los españoles pendientes, cada día, de la evolución de nuestra economía y prima de riesgo y, atemorizados ante la posibilidad de que, un día, amanezcamos con la noticia de haber sido rescatados, aparecen nuevos casos de dilapidación de dineros públicos por parte de indeseables que se aprovechan de sus cargos para beneficiarse o beneficiar a sus amigos.
Es posible que el, señor Carlos Dívar, magistrado, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde septiembre de 2008; sea una persona de gran prestigio entre la magistratura española, que su religiosidad sea conocida de todos y que su curriculum vitae sea espectacular, habiendo actuado correctamente en la mayoría de casos en los que ha intervenido. No obstante, también parece que se ha arrugado en temas en los que el gobierno socialista tenía especial interés de que se soslayaran. Su tibieza en el caso del juez Garzón y sus reticencias a tomar algunas decisiones en el Consejo del Poder Judicial, han sido motivo de que para algunos no sea la persona idónea para ocupar los cargos de Presidente del TS y del CGPJ. Pero, con ser importantes los antecedentes de una persona, no bastan para que, cuando recaen sobre ella determinadas sospechas que afecten a su integridad, no deba someterse, como cualquier otro ciudadano, al imperio de la Ley.
El 7 de mayo de 2012, el señor Carlos Divar, fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos por José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien afirmó que el Presidente habría gastado cerca de 6.000 euros en viajes y hoteles (la cifra creció hasta superar los 15.000 euros). Como parece haberse convertido en costumbre por la fiscalía, el fiscal que inició el correspondiente atestado, no halló en los hechos que se le achacaban al magistrado ningún signo de ilegalidad (al parecer había un acuerdo tomado por el CGPJ por el que los componentes estaban exentos de tener que justificar sus gastos en el ejercicio de sus funciones como tales; algo que, para un ciudadano, le resulta imposible de comprender.) Alguien pidió que el señor Divar compareciera a dar explicaciones en el Congreso, pero el PP y CIU se han opuesto. Puede que hicieran bien, porque estas cuestiones se han de ventilar dentro de la propia judicatura y no en el escaparate de la confrontación política, como son las dos cámaras donde radica la soberanía del pueblo español.
Pero la cuestión no se centra en si existía la obligación o no de dar cuenta al CGPJ de los gastos de los viajes del señor Divar a Puerto Banús, para pasar en dicha localidad largos fines de semana o si se gastó más o menos dinero público en ellos. La ciudadanía está perpleja de que, con unas cuantas explicaciones someras y superficiales, el señor C.Divas pueda dar por concluida y solventada una acusación de malversación de caudales públicos, confiando en que todos los españoles tenemos que fiarnos de lo que él dice, por ser quien es. No, no señores, ni el señor Divar ni el mismo presidente del gobierno pueden esperar que su palabra baste para despejar un caso tan turbio y poco razonable como es el que, durante varios fines de semana, el señor Divar se desplazara a Puerto Banús (un conocido lugar de turismo y veraneo), en comisión de trabajo ¿qué importante suceso fue el que le condujo a semejante lugar?, ¿cómo es posible que se gastara en dietas 6.000 euros? O ¿tiene sentido que nos diga que sus ocios y otros gastos “personales” se los pagara de su bolsillo? Lo lógico es que uno tenga facturas de hoteles, restaurantes, gastos de viaje etc. que pueda exhibir sin que se lo requieran, cuando existe alguna sospecha de irregularidades en los gastos, aunque no tenga obligación de hacerlo. Porque, puede que para el CGPJ no haga falta justificar los gastos pagados con dineros públicos, pero otra cosa es que los españoles no quieran conocer en qué se gasta el señor Divar los dineros del contribuyente.
Si el señor C.Divar es como todos entendemos que es, lo primero que debiera de haber hecho era justificar, euro a euro, el destino de los 6.000 del dinero público que se gastó. Si el señor Divar es persona honorable, debiera saber que el mal ya está hecho y afecta a toda la magistratura y que o se aclaran debidamente, ante los españoles, las dudas que persisten respecto a la acusación que se le hace o su obligación es presentar la dimisión de sus cargos ante quien corresponda. O esta es, señores, mi opinión al respecto.