EDITORIAL: Mas que un acto de libertad, parece de opresión. De dictadura comunista. De socialización de las mentes. El que todos los medios catalanes publiquen el mismo editorial es un ahorcamiento de la libertad de prensa.

No es admisible en democracia, porque en el fondo, lo que están haciendo estos medios, es plegarse a la voluntad del goberno, en este caso la Generalitat, y plegarse a los 28 millones de euros que cobrarán en subvenciones en 2010.

A los que se les cae la baba de pronunciar la palabra democracia aún tienen mucho que aprender. Empezando por no venderse por dinero. La responsabilidad del editor es publicar la información basada estrictamente en la verdad. Y nunca intentar manipular. Nuestros lectores son suficientemente adultos como para tomar sus propias conclusiones de lo que leen en un medio y en otro. Eso es libertad. Todo lo contrario es comer las mentes publicando lo mismo, casi sin opción a leer una segunda opinión.

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Editorial La dignidad de Catalunya
Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su
cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir
sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey
Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los
ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley
orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se
pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.
La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el
Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara,
confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente
expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo,
más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán
emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra
claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.
De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su
mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la
renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón
de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se
hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir
sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas
ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la
sentencia.
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de
"símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por
regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del
Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos
de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte
significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con
cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la
piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de
una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la
propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos
serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia
sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la
Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el
Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad
catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la
dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los
ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta
transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja
supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras
más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los
treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar
uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo
pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación.
Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la
identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de
fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus
impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más
pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del
Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión
Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por
parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada
capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que
se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional
decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que
la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la
justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia
es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a
referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya
actual.
Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores.
No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su
dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces,
pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del
autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las
infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo
político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una
sociedad responsable.