José Luís Andrade. Investigador portugués en Historia Contemporánea, autor del libro Ditadura ou Revolução: A verdadeira história do dilema ibérico nos anos decisivos de 1926-1936.

El 19 de octubre de 1921, una camioneta, más tarde conocida como “fantasma” o “de la muerte”, atravesó Lisboa en busca de víctimas propiciatorias para inmolar en el altar de la revolución que entonces se desarrollaba. En Portugal, solamente por ironía calificado “país de blandas costumbres”, la extrema-izquierda acababa de derrocar al gobierno democrático y tuvo que entretener a la canalla de la calle con matanzas provechosas. Los verdugos que ocupaban la camioneta eran soldados de las fuerzas de seguridad – Guarda Nacional Republicana – y algunos marinos. Supliciados durante el recorrido o en su terminal, en el Arsenal de la Marina, habían perecido, entre otros, António Granjo (ex primer-ministro), Machado Santos y Carlos da Maia (héroes de la implantación de la República, el 5 de octubre de 1910).
Me acordé de esto, y de la similitud de procedimientos, después de leer un artículo publicado en el diario ABC, en la edición de 8 de abril de 2018, firmado por el embajador Francisco Vázquez Vázquez y que una mano amiga me hizo llegar. Se titulaba “Memoria Histórica de Calvo Sotelo” y añadía nuevos datos para el esclarecimiento de su asesinato. He leído con atención la contribución inédita para aclarar el crimen que, el 13 de julio de 1936, victimó al jefe de la oposición monárquica, pero confieso que no quedé convencido. En efecto, en pleno galope revolucionario del Frente Popular, no es creíble que Blas Estebarán, un conductor de ambulancia que alegaba alguna cercanía con Jesús Hernández, se haya mostrado dispuesto a tirar de la manta, denunciando el PCE y, de paso, limpiar la imagen del partido socialista (PSOE). ¿Con qué intención? ¿Confundir a los magistrados?
El 13, fecha de la declaración de Estebarán, aún era responsable por el proceso el magistrado de guardia del juzgado n.º 3, Urcisino Gómez Carbajo, teniendo, al parecer, como juez instructor a Francisco García Vázquez. Pero rápidamente el gobierno del Frente Popular se encargaría de llamar a sí la coordinación de las diligencias, nombrando para ello un juez especial, Eduardo Iglesias del Portal, socialista, masón y amigo de Indalecio Prieto, que, con la colaboración del Director General de Seguridad, José Alonso Mallol, estorbaría la investigación. Será igualmente Iglesias del Portal quién condenará a la muerte a José Antonio Primo de Rivera, en noviembre.
Se sabe hoy, bien mediante el testimonio de varios socialistas y comunistas «arrepentidos», bien por los informes puestos a descubierto en los archivos soviéticos, que el núcleo duro de los partidos del Frente Popular acordó en suprimir las figuras de proa de la derecha, erradicando cualquier apoyo político a la conjura militar cuya evolución acompañaba pari passu. Y, por presión de Komintern y de su sección española, el PCE, también los anarquistas habían sido marcados para el sacrificio. En cuanto a eso, el citado testimonio no aporta novedad.
Pero, asimismo, el relato de operaciones ofrecido por Estebarán no corresponde al modus operandi de la clandestinidad de los comunistas que, en ese momento, todavía evitaban mezclarse en «cosas serias» con los «social-fascistas» de los partidos «burgueses», que era la forma como designaban, entre otros, al PSOE. Es verdad que las JSU – Juventudes Socialistas Unificadas, un instrumento concebido para el control de las huestes socialistas más proclives a la revolución violenta – ya habían sido creadas el 1 de mayo de ese año. Pero Jesús Hernández Tomás, dado como mandante del crimen por Estebarán, no estaba involucrado en aquella estructura política. Era un prócer comunista conocido, director del Mundo Obrero y que había sido elegido diputado por Córdoba en febrero. No parece verosímil que una figura pública del PCE, además de miembro de su Comité Ejecutivo, fuera el encargado de atraer al conductor de ambulancias.
Aunque con algunas lagunas y detalles por aclarar, reconozco, la narrativa establecida en julio de 1936 y más tarde confirmada por la investigación judicial de 1943, me parece más plausible y creíble. Podríamos siempre interrogarnos sobre si la iniciativa de ejecución de Calvo, dentro de la furgoneta n.º 17, había sido previamente combinada o fue resultado de una inopinada decisión del pistolero Luis Cuenca Estevas, pero pocas dudas quedan sobre quién fueron los verdaderos ejecutantes y cómo todo se procesó. ¿Qué sentido tenía añadir una ambulancia a la historia? El testimonio de los sepultureros de guardia en la madrugada del 13, Esteban Fernández Sánchez y Daniel Tejero Cabello, es absolutamente preciso en cuanto al vehículo que despejó el cuerpo de Calvo, habiendo incluso comunicado a su superior, Germán Castaño, el hecho anómalo de que el cadáver no apareció en el cementerio transportado por un furgón-ambulancia.
Sin embargo, el relato transcrito en la denuncia de Estebarán encaja bien con el perfil de una maniobra de contra-información destinada a exculpar el PSOE del asesinato de Calvo Sotelo. La verdad es que prácticamente todos los participantes en la operación, tanto civiles como guardias de Asalto, la mayoría de los cuales miembros de la unidad miliciana clandestina socialista La Motorizada, pertenecían a la facción de expresión masónica de Indalecio Prieto o a la «bolchevista» de Largo Caballero. Y fueron esas dos tendencias mayoritarias en el PSOE de entonces las grandes responsables de la última guerra civil de España, como cualquier investigador imparcial de la historia de los acontecimientos que estuvieran en sus orígenes puede testificar.
¿Cómo se puede justificar en términos democráticos la intentona revolucionaria de octubre de 34, preparada a nivel nacional y desencadenada violentamente en Asturias y en Barcelona? En la primavera de 36, ¿quién forzó el progreso revolucionario acelerado del Frente Popular sino Largo Caballero, de tal forma que el propio Stalin instruyó a Manuilsky y Codovilla para que lo ralentizara?
¿Por qué insiste el PSOE en condicionar el estudio y la profundización de los hechos de la Guerra Civil, con una censura sectaria y revanchista? ¿Qué temen que se sepa…? ¿…Que se destape que quién montó y operó las checas más aterradoras fueron los socialistas? En su arrogante matriz ideológica de «despotismo ilustrado», nada aprendieron con el fracaso de las «leyes del tapón» de las dictaduras. Como si la Verdad y la Libertad no fueran las dos caras de la misma moneda y alguien lograra cortar la raíz al pensamiento.

José Luís Andrade
Investigador portugués en Historia Contemporánea, autor del libro Ditadura ou Revolução? A verdadeira história do dilema ibérico nos anos decisivos de 1926-1936.