ManifiestoPorLaVida. La titular del Juzgado de Instrucción número 33, Elisabet Castelló, ha imputado al médico peruano Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas –TBC y Ginemedex– en 2007, tras finalizar la investigación del caso.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez ve indicios de que los acusados pudieron cometer delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita.
Morin, directa y personalmente o por medio de los médicos que empleaba en sus clínicas, “practicó intervenciones para la interrupción del embarazo a una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos”, ya que, según el auto de la juez, no se cumplían los requisitos exigidos en la antigua ley –peligro alguno para la vida y salud de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas del feto–.
En ninguno de los 115 casos que recoge el auto se cumplen tampoco las condiciones de la nueva ley, que entró en vigor en julio de 2010, ya que sigue manteniendo la penalidad de los abortos practicados después de las 14 semanas, salvo que se den las circunstancias anteriores.
Por ello, se ha excluido de la imputación los abortos que se practicaron en embarazadas de hasta 14 semanas.
Durante el 2007, en que se produjeron los abortos ilegales, Morin explotaba las dos clínicas junto a su mujer, también imputada, y tenían como colaboradores al resto de acusados, que ejercían funciones de ginecólogos, anestesistas y psiquiatras.
Además, la juez apunta a que Morín disponía de la colaboración de otra de las imputadas, Virudes S.V., que trabajaba como administrativa en una clínica de una antigua socia del médico –autorizada para la práctica de abortos a embarazadas de primer trimestre–, que le derivaba a todas las pacientes que excedían del límite, cobrando una comisión.
De esta forma, los psiquiatras imputados emitían dictámenes falsos sin visitar a las pacientes en los que certificaban que se encontraban en “una situación de grave peligro para su salud psíquica”, para evitar que el aborto fuera punible en relación al antiguo artículo del Código Penal, ahora derogado.
La juez considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las órdenes de Morín, que controlaba la actividad económica de los centros y podía mantener un elevado nivel de vida.
Tras finalizar la instrucción, la juez ha instado a las acusaciones –el Ministerio Fiscal, y las acusaciones particulares Asociación E-Cristians, Alternativa Española, Colegio de Médicos de Barcelona y Centro Jurídico Tomás Moro– a que formulen escrito de acusación para abrir el jucio oral o pidan de forma excepcional la práctica de alguna otra diligencia.
La trama de abortos ilegales salió a la luz en octubre de 2006 tras la emisión de un reportaje de investigación de la televisión danesa DR, que alarmaba sobre presuntas interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas. El caso generó revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el médico peruano había practicado abortos a menores de 13 años; utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos; los ginecólogos que trabajaban para Morín cobraban hasta 8.000 médicos al mes, y que el médico, aquejado de la infección del VIH, practicaba las operaciones con otro nombre.Tras el registro de las clínicas del médico a finales de 2007, la Guardia Civil detuvo a Morín, su esposa y otros cuatro colaboradores, y más adelante la juez ordenó la detención de otros siet