“La ley es una telaraña que detiene a las moscas y deja pasar a los pájaros”. (Anacardis)

Miguel Massanet Bosch. Desde hace algún tiempo parece que una medida de gracia, el indulto, que debería ser excepcional y para casos extraordinarios en los que concurrieran circunstancias lo suficientemente justificativas para que a la persona que lo solicita se le pudiera eximir del cumplimiento de la pena ( a diferencia de la amnistía que supone el perdón del delito); parece que se va convirtiendo en algo parecido a un nuevo recurso, utilizado por muchos condenados para intentar eludir las consecuencias de actos delictivos contra los que no cabe recurso posterior alguno. El indulto, a la vez, puede ser total o parcial según que el perdón se aplique a todas las penas a las que el individuo hubiere sido condenado en la parte que le quedase por cumplir y, el indulto parcial que supone la remisión de algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menores. Es evidente que, como norma general, las sentencias de los tribunales están para ser cumplidas en su totalidad, lo que supone por definición que la aplicación del indulto siempre ha de ser una excepción, una medida de gracia que el Gobierno debe aplicar con cuenta gotas y en casos en que existan motivos muy excepcionales que pudieran justificar su concesión.

En los últimos tiempos, incluso para sentencias en las que la pena es de corta duración, parece que, especialmente en los casos que, por desgracia, se han convertido tan usuales, que hacen referencia a famosos o famosillos que, no obstante, parece que no han tenido empacho en meterse en actividades delictivas; se ha convertido en costumbre que sus defensores apelen, con más frecuencia de la que exigiría la ejemplaridad de la Justicia, a solicitar el indulto para sus defendidos lo que, aunque el que se conceda sea de carácter parcial y afecte a una parte de la pena, suele tener el efecto de que el condenado pueda eludir el entrar en prisión, con lo que la ejemplaridad queda comprometida y cunde la sensación entre los ciudadanos de que, esto de que la Justicia sea igual para todos los españoles, no es más que una frase de estilo incluida en la Constitución; pero que, a efectos prácticos, los ricos, los poderosos, los famosos y los políticos parece que gozan de un privilegio especial en cuanto a conseguir un trato preferente cuando los tribunales de justicia los condenan por los delitos cometidos.

Si la cantante doña Isabel Pantoja, después de agotar los sucesivos recursos, ha sido condenada a una pena superior a los dos años, todavía no haya entrado en la cárcel y siga disfrutando de libertad y haciendo galas por toda la geografía de España; es algo que, difícilmente, el resto de penados que están cumpliendo sus respectivas condenas pueden llegar a aceptar. Que el torero señor José Ortega Cano, que , según ha quedado demostrado, cometió un homicidio por imprudencia temeraria conduciendo a más velocidad de la permitida y en estado de etilismo, un vehículo que invadió la calzada contraria y mató a un ciudadano que circulaba correctamente por la carretera, dejando a una familia descabezada y a unos niños huérfanos; por haber sido condenado a dos años y medio de prisión se resista a entrar en la cárcel y recurra a pedir el indulto para librarse de la pena; qué quieren que les diga, me parece un verdadero ejercicio de falta de responsabilidad, de desprecio por la víctima y de falta del sentido de la equidad y la moral, de las que tanto se jacta de tener en su calidad de persona religiosa.

El hecho, inconcebible, que en el 2013, la mayoría de los 113 indultos concedidos lo hayan sido a traficantes de drogas; no puede sino hacer que nos alarmemos dada las consecuencias fatales que esta actividad pueden causar en nuestra juventud y en lo que es la preservación de la salud en nuestro país. Si ya levantaron ampollas, en su día, los indultos concedidos a Barrionuevo y Vera condenados por el caso de los Gal; o el que concedió Rodríguez Zapatero al banquero Alfredo Sáenz  (posteriormente fue anulado por el TS); otro indulto polémico fue el de un kamikaze que circulaba en sentido contrario y mató a una persona, el TS  pidió que se modificas por no hallar “motivos jurídicos” para su concesión. Otro indulto, que levantó chispas, fue el de cinco “mossos” que torturaron a un inmigrante rumano.

Cuando España lleva siete años padeciendo una de las crisis económicas más graves de su historia y, para mayor INRI, se están descubriendo con insólita frecuencia casos de políticos, sindicalistas o vividores que, gracias a sus cargos, se han enriquecido a costa de los impuestos de los contribuyentes; cuando los tribunales se esfuerzan en descubrir todos los focos de fraudes y corrupción que, en muchos casos, han permanecidos ocultos durante años, no debería el gobierno, fuere del color que fuere, prodigarse en su facultad de indultar, porque lo que es evidente es que, aquellas personas honradas a las que se les ha venido exigiendo sacrificios de toda índole para ayudar a que la nación salga del abismo al que nos condujeron los socialistas del señor Rodríguez Zapatero, nunca podrán entender que, aquellos que debieran de dar ejemplo, se salgan de rositas cuando se les permite eludir las consecuencia de sus actos ilícitos.

Pienso que sería conveniente que quienes nos gobiernan empiecen a tomar conciencia de que, ya no se trata solamente de que la clase obrera haya salido perjudicada por una crisis que nos ha llevado a 5.880.000 parados. En este caso, la que ha salido peor parada por la recesión por la que hemos pasado, ha sido la clase media, los profesionales, los pequeños empresarios, los empleados, los mandos intermedios y los funcionarios que han visto como, en unos pocos años, sus emolumentos se han ido reduciendo sin que, por otra parte, algunos de los problemas fundamentales del país se hayan solucionado. Los retrasos en la aplicación de la Justicia, la escasez de medios de los juzgados y tribunales; los recortes en Sanidad y Educación; las restricciones para financiarse y el disparado paro juvenil; han convertido a la mayoría de los españoles en personas sensibilizadas que no ven con buenos ojos como quienes los gobiernan, en ocasiones, den muestras de una ceguera incomprensible, actuando como si determinadas decisiones, como es la de concesión de indultos poco comprensibles; no pudieran acabar por soliviantar al pueblo español.

Claro que, cuando observamos la manera del propio Gobierno de afrontar los casos de corrupción que afectan a su propio partido; la falta de valentía para tomar el toro por los cuernos y librarse de todos aquellos que, por un motivo u otro, han incurrido en acciones delictivas, poco claras o posiblemente ilegales y la falta de coraje para aplicar el programa de gobierno que ofreció a sus votantes cuando consiguió la mayoría absoluta, muchos nos preguntamos qué es lo que ha ocurrido para que, disponiendo de mayoría en el Congreso y en el Senado, haya permitido que la oposición se le haya subido a las narices. La Administración de Justicia, lo estamos viendo en casos de gran trascendencia en los que se aprecian actuaciones, intromisiones, declaraciones o presiones en su funcionamiento, por parte del estamento político; debiera ser uno de los retos con los que se enfrentarse el Gobierno, siendo el primero en respetar sus sentencias y sus actuaciones, procurando, como ocurre en el caso de los indultos, intervenir lo menos posible, en aquellas resoluciones emanadas de los tribunales, para evitar la sospecha de parcialidad o de que se intenta controlar su funcionamiento. O así es como contemplo, señores, este tema de los indultos en España.