La Lupa del YA. La discriminación positiva es una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad de equilibrar su situación de desventaja social. Su existencia supone una excepción al principio de igualdad de trato, contemplada en el actual marco legislativo, al “tratar con desigualdad lo que de partida tiene una situación desigual”.

Como ejemplo de discriminación positiva, en una convocatoria electoral se exige que un 50% de las plazas de las listas sean para mujeres; y algo parecido va ocurriendo con las directivas de las empresas ¿Esto es justo? ¿Es esto igualdad o desigualdad? Sería curioso saber qué opinan al respecto Leire Pajín y Angela Merkel, por poner dos ejemplos actuales y de todos conocidos.

Aunque no tengamos claro si es o no un hecho discriminatorio, algunos sectores de opinión, sin ir más lejos los fundamentados en la doctrina social católica, entienden que no está mal que se conceda un beneficio a favor del maltratado, desvalido o débil, no en fuerza ni inferioridad intelectual, sino en influencia social.

El problema mayor se presenta en una España con 5 millones de parados y 5.730.000 inmigrantes (un 12% de la población total de la nación) un colectivo donde en la mayoría de los casos se adolece de un escaso nivel de formación y, sin embargo se aprecia un alto porcentaje de criminalidad o de ilegalidad.

Las políticas de los últimos gobiernos, no sólo socialistas, han creado toda una serie de leyes de discriminación positiva, para la reinserción de presos, la rehabilitación de drogadictos, el acceso de jóvenes a una vivienda o al mercado laboral, la integración de los parados de larga duración, el acceso de los discapacitados físicos o síquicos a un trato digno por parte de la sociedad, la defensa de las mujeres maltratadas, la equiparación colectivos minoritarios, gitanos, homosexuales…

Sin duda, casi todas estas medidas y leyes por separado podrían ser buenas y acordes con los principios de la ética. Pero, sin embargo todas juntas y en la coyuntura actual, sitúan al español medio: al varón de 35 a 70 años que ha nacido en España de padres y abuelos españoles, que no ha delinquido, goza de una salud normal y ha cotizado legalmente los impuestos, pagando, eso sí, la sanidad universal y gratuita, que se dispensa a tirios y troyanos, la educación de quien, muchas veces, véase gitanos o musulmanes, no quieren integrarse en el sistema, o los subsidios que tan arbitrariamente se derrochan en virtud de la política socialista de no asegurar nada, para crearse un voto de estómagos agradecidos y dependientes.

Es decir, las llamadas discriminaciones positivas, nos sitúan a la mayoría de la población, en una situación de indefensión y desamparo ante todos estos colectivos positivamente discriminados. Como tiene un sueldo medio y un trabajo digno, no puede acceder a una vivienda de protección oficial, no puede acceder al mercado libre de trabajo en igualdad de condiciones que aquellos colectivos por cuya contratación el gobierno prima a las empresas, ni tampoco a las ofertas de empleo público, porque en éstas se reserva un número de plazas desproporcionado para estos colectivos discriminatoriamente positivos.

Cabe preguntarse ante esto, si la mayoría de ciudadanos, no seremos víctimas de un legislador corrupto, promulgador de unas leyes viciadas que hacen un enemigo de esas minorías a las que se debería proteger, pero quizá de otra forma. Porque nada más lejos del bien común que el perjuicio de la mayoría a favor de las minorías. Y esto contravendría la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, quien siguiendo en buena medida a Aristóteles, escribió importantes textos en los que trata sobre la noción de «bien común», entre los que destaca el opúsculo De regno,o De regimine principum (1265) una de cuyas ideas centrales es precisamente mostrar que en el bien común adquiere su significado pleno el gobernar: “Gobernar consiste en conducir lo que es gobernado a su debido fin”.