Resulta injusto que un Gobierno que apenas lleva seis meses en el poder, que ha llevado a cabo más cambios y  medidas de austeridad que el gobierno del señor Zapatero en sus dos legislaturas al frente de España, deba enfrentarse al acoso sistemático de Bruselas, del ECOFIN, de las bolsas, de nuestros acreedores externos y, lo que resulta más incomprensible y deleznable, de aquellos partidos de la oposición que fueron los causantes del derrumbe de nuestra economía, que no quisieron atender a las razones que se les daban desde la oposición y que, con sus políticas dilapidadoras, con sus leyes insostenibles y con sus gestores incompetentes, primero, nos convirtieron en el hazmerreír de toda Europa y luego, algo que todavía es peor, nos han llevado a un camino sin salida, en el que estamos atrapados entre un déficit que decían sería de un 6% y ha resultado ser de un 8`9%; una tasa de desempleo que casi alcanza el 24%; un tejido industrial falto de la financiación , empuje y  confianza precisos para afrontar el desánimo que vienen arrastrando tras siete años de crisis y, por si todavía quedara algo para acabar de rematar el desastre, la peticiones de aquellas autonomías nacionalistas y separatistas que no paran de incordiar,  con su victimismo y voracidad recaudatoria, pidiendo nuevas inversiones y mayores cuotas de independencia.

 

Veamos si nos aclaramos. Bruselas nos ha estado pidiendo, con insistencia, que hagamos cambios estructurales, que pongamos a las comunidades en su sitio limitándoles su capacidad de endeudamiento y, sobre todo, limitar su déficit mediante la ley de Estabilidad Financiera, de modo que no puedan sobrepasar el 1’5% del PIB y ¡lo hemos hecho!. Se ha modificado la legislación laboral, dando más flexibilidad a las empresas, a costa de tener que enfrentarse a los Sindicatos, que se han visto perjudicado al recibir menos subvenciones, al perder capacidad de influir directamente en los convenios de empresa y en las modificaciones internas relativas a la movilidad y flexibilidad para adecuar las plantillas a las necesidades de la producción y de las ventas. En fin, hemos cumplido, con creces, con lo que se nos exigía desde la UE para  hacernos merecedores a recibir ayudas. ¿Qué ha ocurrido? Primero, que el BCE, bajo la batuta del señor Mario Draghi se ha cerrado en banda, acogiéndose a los estatutos del banco, que prohíben comprar deuda directamente de las naciones, algo que, aparte de ser una excusa poco oportuna, dada la necesidad urgente de liquidez que precisa España ( las bolsas nos obligan a pagar intereses cercanos al 7% y mantenemos una prima de riesgo cercana a los 550 puntos básicos) tiene visos de ser una actitud personal del señor Draghi, defendida por aquellas naciones que se han negado a apoyar los préstamos a nuestras entidades bancarias y, segundo, que la noticia de la concesión de 100.000 euros de apoyo a nuestras entidades financieras parece que ha surtido efectos contrarios a los esperado, si nos regimos por el revuelo que se ha armado. 

 

En efecto, lo que debiera de haber sido un bálsamo para los mercados, un alivio para nuestra deuda pública y un acicate para la creación de un organismo supervisor único de todo el sistema bancario de la UE; parece que no ha agradado a algunos que, vayan ustedes a saber con que intenciones, da la sensación que han pretendido entorpecer esta operación  Tenemos la impresión de que existe una trama oculta empeñada en acabar con el euro y, la mejor manera de hacerlo, es impedir que España supere su situación actual. Ya lo han conseguido con Grecia, que está debatiéndose entre entregarse al comunismo o someterse a las duras condiciones que le han sido impuestas por Bruselas. Irlanda y Portugal siguen en la cuerda floja y solo faltaría que nuestra nación siguiera sus pasos para que, un euro puesto en cuestión acabara con su corta peripecia, pese a que Alemania y algunos otros países se empeñaran en sostenerlo. 

 

La obstinación de querer calificar estos créditos a bancos como un rescate de toda la nación y la campaña de descrédito lanzada hacia España, agrandando, intencionadamente, la precariedad de nuestra situación y poniendo en duda nuestra capacidad de responder por la deuda; nada más puede justificarse por las actividades especulativas de aquellos que pretenden enriquecerse jugando a la bolsa o por intrigas políticas  de lobbies, cartels o grupos de presión, interesados en que, esta Unión Europea –sin duda un coloso financiero económico, si se aunaran esfuerzos y lograran coordinar, en un verdadero Parlamento Europeo, con una Constitución supranacional, con menos burocracia y más unión de mercados, la enorme potencia económica de todas la naciones involucradas en el proyecto, sería una verdadera amenaza económica e industrial capaz de hacer tambalear a los mismos EE.UU. y a China – no cuaje, para lo cual no hay método más eficaz que atacar su moneda común, el euro; debilitando la parte más susceptible de ser atacada (los países que más han sido afectados por la recesión), que coincide con el flanco sur de de la Unión que, en un caso extremo, se verían obligados a abandonar la Zona Euro y regresar a sus antiguas divisas, con las consecuencias que, de ello, se derivarían para ellas mismas( una brutal devaluación de sus respectivas monedas) y el, casi seguro, desmoronamiento del euro, que quedaría seriamente tocado por esta contingencia.

 

En realidad, España sólo necesita que, de una vez, se lleve a cabo la reestructuración de la maquinaria del Estado, con un recorte radical de organismos públicos y duplicidades; se ponga en cintura a las autonomías; se utilice toda la fuerza que, el PP, tiene en el  Congreso y Senado, para legislar las normas precisas para poner orden en el país; y se informe a los ciudadanos de lo que es necesario llevar a cabo, para que lo puedan asumir teniendo la certeza de que se va por la buena dirección. No nos dejemos engañar por las cifras porque, la realidad de nuestros problemas con el sector financiero se reduce a un 30% que está contaminado por la crisis inmobiliaria. El FROP, sin duda, arbitrará las ayudas que se les pueden conceder a las que tengan posibilidades de ser rescatadas y aquellas que no lo puedan ser, deberán ser eliminadas por el bien de nuestra economía y el de España. Tenemos un Fondo Nacional de Garantía de Depósitos para garantizar, a sus impositores, la seguridad de sus depósitos (hasta 100.000 euros por impositor). Si nos achantamos, señores, seremos pasto de los buitres. O esto es lo que pienso, como ciudadano de a pie, sobre esta cuestión.