Rafael López-Diéguez. Poco le ha durado el susto a José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la bendición de Merkel ha optado por dar uno de sus habituales bandazos para asegurarse una mera estabilidad parlamentaria y tomar la delantera, en la partida de damas que libra con el Partido Popular, a la hora de mantener el apoyo de CiU. Probablemente estime que, con una Merkel que no ha conseguido los necesarios apoyos para sacar adelante la reorientación económica de la UE, ha recuperado una cierta capacidad de maniobra pudiendo retomar el erróneo camino de no combatir con efectividad y decisión el déficit.

Suele ser moneda común en el lenguaje político tratar de cambiar el significado de las palabras y con ello contradecir la realidad que muestran los hechos. Para España, desde el punto de vista de los mercados, continúa siendo fundamental reducir su déficit y su endeudamiento, de ello depende, en buena medida, nuestra calificación de solvencia y unos niveles de rating que comenzaban a situarse pro debajo de los 200 puntos, alejándonos de la zona de peligro y dándonos un respiro económico. Sin embargo, por razones exclusivamente de interés político partidista, en virtud de la necesidad que tiene el presidente de contar con apoyos parlamentarios, para diluir su responsabilidad directa en la gestión y en unos recortes que yo denominaría periféricos, que en algunos aspectos tienen mucho de maquillaje encubridor del problema real que es el coste del carísimo Estado de las Autonomías, devorador de recursos y generador de deudas, José Luis Rodríguez Zapatero ha optado, lo disimule como lo disimule, por otorgar a la Comunidad Autónoma catalana la capacidad de emitir nuevamente deuda pública (Mas espera poder emitir más tarde deuda a largo plazo por valor de 10.500 millones). Lo que, se camufle como se camufle, implica volver a abrir las espitas del barco semianegado o lo que es lo mismo, más déficit.

Como era de esperar las demás autonomías, o mejor dijo los dirigentes autonómicos, se han sentido ofendidos y discriminados, ya sean del PP (Murcia) o del PSOE (Castilla-La Mancha), reclamando su derecho a endeudarse amparándose en el mismo subterfugio legal, aclarado por Elena Salgado, con el que se ha pagado a CiU.

Una vez más hemos asistido impávidos a la puesta en escena de la habitual esquizofrenia política, la que conduce a decir en cada sitio lo que más conviene. Esquizofrenia especialmente acentuada entre los dirigentes populares debido, entre otras razones, a que después de muchas explicaciones resulta complejo llegar a saber si realmente Mariano Rajoy está a favor o en contra de las medidas: así, por ejemplo, Esperanza Aguirre ha alertado sobre las repercusiones negativas que comporta el nuevo endeudamiento autonómico, pero Alicia Sánchez Camacho ha dicho que lo obtenido para Cataluña es justicia (¿busca el PP allanar el camino para su alianza con CiU?), y, al mismo tiempo, Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, reclama su derecho a endeudarse.

Alguien debería recordar a la clase política que las trampas en el solitario sólo se pueden hacer con las cartas. Cualquier analista, por torpe que sea, entiende que con esta nueva “barra libre” para endeudarse se producirá un incremento del déficit debido a la presión de las desacreditadas Comunidades Autónomas; pero, además, para muchos la lectura más grave es que España es incapaz de mantener sus decisiones económicas, vulnerando lo acordado refugiándose en subterfugios léxicos y que, por lo tanto, la política económica española es insegura alejándonos de la imagen de país solvente y eficaz. Pero esto, visto lo visto, a la clase política le preocupa poco; prefieren tener voces para contentar a todos, aunque a Mariano Rajoy siempre le quede el recurso dialéctico de afirmar que éste es el resultado de la mala gestión del presidente mientras que sus barones autonómicos corren a endeudarse.

Rafael Lopez-Dieguez es secretario general de AES