Pablo González

La confirmación oficial de la presencia de Eurovegas en Alcorcón ha hecho renacer las dudas de los beneficios que traerá un espacio como este para los vecinos de la Comunidad de Madrid. A pesar de que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ya tiene previsto comenzar a reunirse con los propietarios de los terrenos donde se ubicará el complejo "para preparar el desarrollo del proyecto" y “montar grupos de trabajo y perfilar el calendario", es evidente que el proyecto no deja satisfecho a todos, ni siquiera a una gran mayoría.

El resultado de Eurovegas se disimula con cifras muy interesantes para la propia Comunidad de Madrid porque en la primera fase se crearán 80.000 empleos, 40.000 directos y hasta 40.000 más indirectos, se construirán cuatro hoteles, casinos e instalaciones de ocio. En un momento en el que en España se convive con un desempleo de más del 26% un proyecto que pretende dotar a España de más de 200.000 puestos en los 20 años de desarrollo del proyecto parece una tabla de salvación a corto, medio y largo plazo.

Pero se cierran los ojos al resto de variable que el propio proyecto tiene como experiencia, el coste social tiene un impacto que se intenta que no trascienda. Este coste social está centrado en tres puntos esenciales

• La prostitución de todo tipo vendrá buscando el flujo dinero como una actividad satélite muy cercana y de manera especialmente extendida. En Las Vegas es una de las zonas de Estados Unidos donde la prostitución no es ilegal
• La delincuencia organizada y ocasional como consecuencia de la actividad del juego sostenida por grupos mafiosos que manejan el tráfico de drogas, de personas, de préstamos… Si en Las Vegas la inseguridad ciudadana muy superior al resto del país, ¿qué hace pensar que en Madrid será diferente?
• Un ambiente como el del casino está a favor de la desestructuración familiar y en contra de la familia. Lo que pretende es generar sujetos, personas, que estén dispuestas a gastar su dinero por encima cualquier otro interés

La apuesta de Eurovegas puede tener un coste social demasiado alto frente a los supuestos beneficios que puede generar para un país con una profunda crisis social y económica. No parece el tipo de proyecto de futuro que la sociedad demanda.