Redacción

Si damos por supuesto que, el entrar en política, tiene por objeto ponerse al servicio de los ciudadanos, entendido como el ejercicio de un espíritu altruista y sacrificado; si se sobrentiende que todo político debe reunir unos requisitos determinados, para que su nombramiento no resulte inútil y contribuya, con su leal colaboración, a la mejora del bienestar de la comunidad y si, cualquier persona que deje su profesión, cometido o intereses económicos para dedicarse al menester público, lo hace voluntariamente, en bien del país y sin afán de lucro; entonces, señores, nos cuesta comprender algunas de las determinaciones que, los mismos políticos han tomado, durante el pasado 2010, para asegurarse su modus viviendi, una vez haya concluido su mandato en los cargos públicos para los que fueran designados. Claro que, quizá con excesiva inocencia, hemos dado por sentado algo que, por desgracia, está demasiado lejos de lo que se pudiera denominar “la realidad de la clase política actual” que, lejos de ajustarse a las normas de la ética que debieran presidir la conducta de quienes se ofrecieron a ponerse al servicio de sus conciudadanos, para mayor escarnio y vergüenza de un gran número de tales personajes, no esconde más que un deseo de vivir a costa del Erario Público, de aprovecharse al máximo del cargo que ostentan y de procurarse las prebendas y los chollos que, no sólo les aseguren vivir con holgura durante el tiempo que militan en la función política, sino que, a mayor abundamiento, se confabulan para garantizarse una situación económica privilegiada, respecto al resto de ciudadanos, una vez que hayan cesado en sus cargos para reincorporarse a su vida de ciudadano corriente.

De este modo, hemos tenido ocasión de observar, con estupefacción, el hecho asombroso de que, sus “señorías”, los señores diputados, no hayan tenido el menor escrúpulo en procurarse, con sólo ocho años de ocupar sus escaños, el cobrar una jubilación del 100% de sus emolumentos. Y esto, cuando España está pasando por uno de sus momentos más difíciles de su historia, con las arcas exhaustas, endeudada hasta las narices y viéndose obligada a tomar medidas de ahorro drásticas con funcionarios, pensionistas y desempleados (a los que se les han recortado hasta los 426 euros mensuales que percibían por haber agotado sus subsidios de desempleo). Tampoco hemos podido entender como el señor Griñán, de Andalucía, ha pretendido consolidar como funcionarios fijos a 25.000 mil trabajadores eventuales de la Administración, sin que hayan pasado por la criba de las oposiciones reglamentarias, por las que tuvieron que pasar el resto del funcionariado del Gobierno autónomo. Pero, si hay algo que todavía nos cueste más aceptar, es esta especie de cacicada, esta absurda y costosa muestra de la más pura y dura endogamia, en lo que respecta a la concesión de privilegios, absolutamente gratuitos y faltos de justificación, que se les conceden a los ex presidentes de determinadas comunidades autónomas, como, por ejemplo, la catalana; en virtud de los cuales al señor Pujol, al señor Maragall y, últimamente, al señor Montilla; se les deba continuar facilitando una oficina, con secretaria y coche oficial, en una céntrica calle de Barcelona y, por añadidura, se les mantenga un sueldo, como es el caso del inefable Montilla, una retribución de 135.000 mil euros anuales.

O sea, señores, que, con cuatro años de mandato, cualquier personaje cuyo mérito haya sido, como es el caso del señor Montilla, dejar un agujero de 40.000 millones de deuda pública, de los cuales (¡vaya un regalo para el señor Mas!) 8.700 vencen, precisamente, durante este año 2011, se asegura una oficina perfectamente equipada (¿cuál será la utilidad de tal regalo?), sin que se sepa qué beneficio dará tal privilegio a la comunidad. Sin querer generalizar, porque también es verdad que hay un número importante de políticos que se ganarían mejor la vida en actividades privadas que en sus funciones pública; la verdad es que, basta echarle una mirada al Parlamento de la nación o a los propios parlamentos autonómicos, para cerciorarse de la cantidad de “panzas al trote” que, ya fuera por pertenecer a un partido, ya por ser parientes de algún político importante o por simple amistad con los que elaboran las listas electorales, sin otro bagaje que el enchufismo, han conseguido hacerse con un escaño desde el que, sin más obligaciones ni responsabilidades, se limitan a obedecer las órdenes que les dan los respectivos portavoces, para apretar el botón que sirve para emitir su voto. ¿Cuánto nos cuestan a los ciudadanos toda esta parafernalia de personas?, quienes, en realidad, no hacen más que percibir sus sabrosos emolumentos y dietas, a finales de mes; frecuentar la cafetería del Congreso y los restaurantes de sus aledaños y, pasarse bostezando y repasando la prensa durante las aburridas y, en ocasiones, maratonianas reuniones de las cámaras. Esto forma parte, señores, de este pesado, desproporcionado y, evidentemente, insostenible “aparato del Estado”, este sistema de dobles administraciones que se ha convertido, por mor de las intrigas de las respectivas autonomías, por la evidencia de la duplicidad de cargos y funciones y por la cantidad de paniaguados que, como simples rémoras, chupan de los privilegios y bicocas que, desde las distintas administraciones; ya fuere como empresas públicas o como asesores o expertos particulares, cobran sus colaboraciones con suculentos honorarios a costa, como no podía ser menos, de los impuestos, tasas y tributos cargados sobre los sufridos ciudadanos de a pie.

¿Cómo se puede entender esa particular “solidaridad” de toda esta pléyade de politicastros, en un periodo de restricciones generalizadas? Cuesta admitir que, ante un espectáculo tan poco alentador como es el que presenta España a comienzos del 2011, con aumentos generalizados de los servicios, empezando por las tarifas eléctricas, los combustibles, el gas natural, los peajes de las autopistas, los ferrocarriles ( con AVE incluido) el metro y los autobuses; dando por descontado el aumento del IVA, que vamos arrastrando desde el julio pasado; sin que el desempleo deje de golpear a los trabajadores, cada vez con mayor fuerza y con el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie cada vez más bajo debido a la congelación de muchos salarios, entre ellos las pensiones y los de los funcionarios; haya quienes se hayan rasgado las vestiduras ante los abultados emolumentos de los controladores y, sin embargo, hayan visto con naturalidad que sus sueldos vayan mejorando; que sus pensiones siguen garantizadas con menos tiempo de cotización que las del resto de españoles; y ,todo ello, mientras el Gobierno sigue engrosando las arcas de los Sindicatos con millones de euros; continua otorgando subvenciones a través del BOE, como si de un reguero inagotable se tratase. Por cierto que, al respecto, conviene resaltar una de estas entregas magnánimas hecha por el departamento de la señora González-Sinde, de 1.000.000 de euros, ha sido concedida a una película titulada algo así como “Mentiras y de las gordas” de la que la ministra ha sido la guionista ¡Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como!

Y, por si faltara algo, en una de estas fusiones entre cajas de ahorros, con apoyo del Gobierno (con cargo a los 90.000 millones de euros programados al efecto), se va a producir la pre-jubilación de unos 4.000 trabajadores, a partir de los 55 años de edad, con el 95% de su sueldo garantizado. ¿Cómo se puede compaginar una medida semejante con el propósito del Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y a calcular la pensión sobre los 20 o 25 años anteriores? Demasiados golpes en vago; excesiva improvisación y falta de sentido común; mucho sectarismo y amiguismo como para que, los ciudadanos, podamos ver con esperanza el comienzo de este nuevo año 2.011.Fernando de Rojas ya decía: “Que las señales del mal siempre salen verdaderas”