Redacción Madrid. 7 de abril.

Aunque eterna ministrable, el nombramiento de Trinidad Jiménez para hacerse cargo de un reconvertido Ministerio "doble" con competencias en Sanidad y Políticas Sociales ha causado sorpresa, sobre todo por su falta de relación con el mundo sanitario. El presidente del Gobierno destacó de todo modos la "capacidad política" y "sensibilidad social" de la hasta ahora secretaria de Estado de Iberoamérica para asumir las riendas de la cartera.

En cualquier caso, Jiménez hereda un Ministerio de Sanidad vacío de competencias desde las transferencias a las CCAA, pero que un Gobierno tras otro se resiste a eliminar, pese a los persistentes rumores cada vez que hay una crisis de Gobierno o la constitución de un nuevo gabinete tras las elecciones.

Conocedora de esa situación, Elena Salgado, primera ministra de Sanidad de los Gobiernos de Zapatero, inició inició una senda de políticas de salud pública (desde la Ley Antitabaco al tamaño de las hamburguesas o la Ley de Reproducción Humana Asistida que autorizó los bebés medicamento) que su sucesor continuó.

A Trinidad Jiménez le queda sin embargo por completar el Pacto por la Sanidad, que ha dado sus primeros pasos con Bernat Soria pero queda muy lejos de alcanzarse y que debe resolver los problemas de financiación de las CCAA. También tendrá que valorar si, como piden los médicos y buena parte de la ciudadanía, es necesario endurecer la Ley Antitabaco y hacerla aún más restrictiva. Se librará, sin embargo, de la polémica reforma de la Ley del Aborto que, pese a que en un primer momento asumió Sanidad, pasó después a Bibiana Aído con la creación del Ministerio de Igualdad.

Pero el principal reto de Jiménez seguramente venga de la mano de las políticas sociales, que hereda de Mercedes Cabrera, otro de los nombres que salen del Gobierno.

Zapatero destacó este martes la conveniencia de unificar ambis campos por sus "evidentes interrelaciones" y la "necesidad intensa de diálogo con las CCAA". Pero el propio presidente del Gobierno destacó el reto del desarrollo de la Ley de Dependencia y su progresiva implantación hasta 2012.

Un total de 526.191 personas son ya beneficiarias de la Ley de Dependencia, según los últimos datos aportados por las Comunidades Autónomas a fecha de 1 de febrero de 2009. Las esperas y los retrasos en la concesión de las ayudas son las principales quejas.