Miguel Massanet Bosch

¡Por fin asoman las verdaderas caras de aquellos que han contribuido eficazmente al pésimo concepto que, en España, se tiene respecto a los encargados de la aplicación de la Justicia! Aquellos que no han sido incapaces de levantar sus voces airadas contra un gobierno de izquierdas que, con sus errores, sus intereses electorales y con sus seudo reformas engañosas, han llevado al país a la situación más antisocial de todas las que se puedan contemplar en una nación: el que haya más de cinco millones trescientas mil parados; ahora, cuando el nuevo gobierno, que ha tenido que apechugar con la envenenada herencia de su antecesor –el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero –, se esfuerza en seguir por la senda de la recuperación; hacen exactamente lo mismo que piensan hacer los sindicatos, otros convidados de piedra que permanecieron mudos ante la lacra del desempleo y que, ahora, cuando se les pide colaborar para sacar adelante a España, lo único que se les ocurre es poner palos en las ruedas del nuevo gobierno para evitar que tenga éxito en sus proyectos.

En efecto, los señores jueces de esta izquierdista agrupación denominada Jueces para la Democracia; irritados porque el gobierno socialista haya sido derrotado o, quizá,.sorprendidos porque uno de ellos, el juez Garzón, haya tenido que pagar, con 11 años de suspensión de su cargo y ser expulsado de la carrera judicial, sus pinitos de “legislador” y sus intentos de pervertir la justicia, adaptándola por su cuenta a su especial concepto de lo que debe ser, como decía el inefable señor Fernández Bermejo, “algo que se debe aplicar según convenga a las circunstancias”, en una palabra, según le parezca a quien la imparte y no según establezcan las leyes; parece que se han quitado las máscaras y se muestran tal y como en realidad son: una quinta columna progresista, sectaria y politizada que, junto a algunos fiscales, han creído que ellos pueden interpretar a su gusto las leyes y no aplicarlas según ha sido la intención del legislador refrendada en el Parlamento. En esta ocasión no han podido contenerse y han mostrado su especial visión de lo que entienden por aplicar la Justicia a su modo y según su ideología política.

Los que tenemos alguna experiencia en temas laborales, conocemos a la perfección como se las gastan estos jueces que se sienten obligados a convertirse en unos Robin Hood de la justicia y lo hacen considerando que el empresario siempre es el “malo” de la película y el obrero, por el contrario, es el “explotado” el “vejado” y aquel que sufre las injusticias por parte del “patrón”. Nadie duda de que, entre los casos sustanciados en las antiguas magistraturas de trabajo y en los tribunales de lo social, en porcentajes cercanos a un 80 o un 90 por ciento, se ha fallado a favor de los trabajadores. Nada más los que sabemos lo que sucede dentro de las empresas, los que conocemos determinadas prácticas de algunos para no dar golpe; aquellos que son profesionales del absentismo, los que se pasan todo el día protestando, los incompetentes o los que impiden que sus compañeros puedan rendir lo que quisieran etc. sabemos que este bulo de que el empresario siempre intenta machacar a sus trabajadores, hoy en día, no deja de ser una añagaza más de la izquierda para cargar las tintas sobre el empresariado. El empresario, en líneas generales, quiere que cumplan con su contrato de trabajo y rindan lo que deben rendir a cambio del sueldo que reciben. ¿Qué los hay que son unos sinvergüenzas?, es cierto, pero también los hay que lo son entre los trabajadores.

Es posible que las cenizas del gran Montesquieu estén, en estos momentos, revolviéndose en la tumba del prestigioso pensador, ante la evidencia de que aquellos que tienen por misión acatar las leyes y hacer que el resto de ciudadanos las acaten a su vez; por mor de su sectarismo ideológico de izquierdas, su pretensión de convertirse en legisladores y censores del Legislativo y el Ejecutivo, acaban de anunciar, en su web, su rechazo frontal al Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 3 de febrero, haciendo una valoración que nadie les había pedido, en la que se achaca a dicha disposición el ser “ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta” insistiendo en el tópico de “el tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo” y, haciendo gala de estar por encima del mismo TC, se atreven a calificarla de “ contraria al derecho constitucional” incluso antes de que haya sido aprobada por las Cortes, sin tener en cuenta que, en muchos aspectos, se ha seguido la jurisprudencia del TS y del mismo TC.

Sin embargo, por si no fuera suficiente su temeraria postura ante el Legislativo, y sin haberse molestado en comprobar como, en el resto de Europa, muchas de las reformas que se proponer ya están aplicadas a sus legislaciones desde hace años; con el evidente propósito de suscitar la alarma social, confundir a los ciudadanos y darles alas a aquellos que, como Cayo Lara, quieren sacar la protesta a las calles para intentar hurtar a las Cámaras y al Gobierno el control del país, para convertirlo en un caos y un semillero de actividades subversivas; con el evidente fin de obligar al nuevo Ejecutivo a acatar sus propias tesis, respecto a mantener las mismas políticas desastrosas que nos han conducido a la situación actual. En efecto, el comunicado de JpD, emitido por la cúpula de la organización, llega al extremo de concluir con la siguiente afirmación: “nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de de disposición del contrato de trabajo otorgan al empresario”.

¡Señores, estamos ante una rebelión de unos 500 jueces que deberán explicar, a los ciudadanos, el por qué, sin que la norma haya sido recurrida antes ante el TC, ellos ya han decidido que es anticonstitucional! ¿Qué garantías tendremos los ciudadanos de que los conflictos laborales se resuelvan de acuerdo con las normas vigentes, cuando los mismo jueces ya avisan de que están dispuestos a prevaricar por el solo hecho de que ellos piensan que no concuerdan con su propia manera de pensar? ¿Qué va a hacer, el Consejo General del Poder Judicial, ante tamaña rebelión?, ¿Estarán estos jueces y magistrados legitimados para resolver en las causas que se sustancien en adelante respecto a los extremos contemplados en el Decreto Ley del que nos ocupamos? ¿Se estará de brazos cruzados el ministro de Industria ante tan jacobinas manifestaciones de contestación revolucionaria, por parte de los encargados de aplicar las leyes? Sin duda de que deberían ser todos recusados por manifiesta parcialidad en dichos casos.

Algo se esta moviendo en las alcantarillas de algunos partidos políticos de la izquierda, que nos hace sospechar que no quieren conformarse con el veredicto de las urnas y están decididos a usar, como ya hicieron en otros momentos de nuestra historia, los medios subversivos, los movimientos revolucionarios y la insumisión civil, con el objeto de contrarrestar el poder que los esp0añoloes le han concedido al PP, precisamente para que haga lo que está haciendo; concientes de que España no puede salir de su ruinosa situación si no es a costa de esfuerzo, sacrificio y trabajo. ¡Cuidado con frenar estos intentos a tiempo, no sea caso que, cuando queramos enterarnos nos encontremos ante una situación similar a lo que fueron las causas de la Guerra Civil! O esto es, señores, lo que me temo yo.