Redacción Madrid. 17 de septiembre. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dará a conocer hoy, mediante su lectura pública la sentencia para los 24 acusados en el juicio contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, para los que el fiscal Carlos Bautista y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitan entre 10 y 13 años de cárcel por su presunta integración en ETA.

   El tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios e integrado también por los magistrados Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, notificará la resolución judicial a partir de las 10.00 horas en una sesión que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid, en la que se celebró el juicio.

   Según fuentes jurídicas, la juez Palacios se limitará a comunicar de forma pública el fallo al que ha llegado el tribunal sin referirse a los hechos que el tribunal estima probados o a los fundamentos jurídicos que ha utilizado para llegar a sus conclusiones.  

   En concreto, el Ministerio Fiscal y la AVT, que ejerce la acusación popular, solicitan 13 años de cárcel para los líderes nacionales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, y 10 años para otros 21 miembros de este colectivo. A todos ellos les atribuye un delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigentes.

   Ambas partes retiraron la acusación contra el responsable de Ex Presos, Mitxel Sarasketa; el miembro de la Red Empresarial Jorge Luis Redondo; y la integrante del departamento de Comunicación Maitane Méndez, al estimar que no existían suficientes pruebas de cargo contra ellos.  

   El fiscal basó sus conclusiones en la abundante documentación incautada a miembros de ETA y Gestoras, los informes periciales de inteligencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil y las conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados. Estima que los acusados formaban parte de "una organización terrorista no armada" que, entre otras funciones, se dedicaba a señalar a posibles víctimas de ETA, como el concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa (asesinado en junio de 2000) o el juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón (en noviembre de 2001).

   Durante el juicio, que se celebró entre el 21 de abril y el 18 de junio, los acusados renunciaron a su defensa jurídica, al considerar que el proceso era "una farsa" y la sentencia se encontraba "escrita", tal y como indicó el propio Olano durante su declaración en la primera sesión.

   De esta forma, las defensas renunciaron a realizar preguntas a los comparecientes propuestos por las acusaciones y redujeron su lista de más de 200 testigos a apenas una docena, todos los cuales trataron de justificar la existencia de supuestas torturas por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre los testimonios que habían propuesto en un principio y que luego retiraron se encontraban los del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.

   Además de Olano, Zelarain y Jugo, que se enfrentan a 13 años de cárcel, se encuentran procesados en esta causa la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava, María Teresa Díaz de Heredia; y los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra).

   Excluidos los tres miembros de Gestoras a los que las acusaciones retiraron los cargos, también esperan sentencia María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria) y Gorka Zulaica (Tesorería).

   Completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras Pro Amnistía después de que en diciembre de 2001 el juez Baltasar Garzón declarara la ilicitud de sus actividades.