Miguel Massanet Bosch

La izquierda española ha encontrado el modo de descalificar a todo aquel que no comulga con sus ideas, que se opone a sus intereses sectarios y que intenta defender la unidad de España, la conservación de la ética y la moral tradicionales. Para ellos el que cree que el trabajo para los obreros no se consigue a base de subvenciones, sino dándoles vitalidad a las empresas, descargándolas del excesivo peso de los impuestos y de las cargas sociales, agilizando la concesión de créditos a intereses razonables y librando a las entidades financieras de la obligación de invertir en deuda pública nacional, para que puedan disponer del dinero preciso para atender a la demanda privada de ayudas económicas que les permitan revitalizar sus negocios e industrias; no son más que enemigos a batir, antidemócratas y capitalistas, es decir “fascistas”.

En efecto, con esta sola palabra y con la inquina que caracteriza a cualquier progre que se precie o cualquier nacionalista imbuido del rencor atávico, heredado de sus ascendientes, por no haber sido capaces de enfrentarse con éxito al general Franco, lo que materializan en un odio imperecedero por todo lo que suene a conservadurismo o sentimiento religioso. El sentimiento de repulsa que les inspiran sus enemigos políticos les incita, en virtud de su especial forma de entender la democracia, a crucificarlos en la cruz de la anatematización, la exclusión y la identificación con el máximo baldón con el que pueden identificar al enemigo de toda sociedad: el fascismo o el nazismo. Curiosamente, no parece que se les ocurra identificarlos con el comunismo violento y “depurador” de su máximo ídolo, el “Padrecito Stalin” ni con su “digno” discípulo, el señor Fidel Castro, dos señores que han sabido cosechar fama de violentos, masacradotes de ciudadanos y que son la más pura expresión de la vulneración de los derechos democráticos de sus ciudadanos.

Si hay algún lugar, en España, donde se use con más prodigalidad este pretendido insulto de fascista, en catalán “faxiste”, es precisamente en la comunidad catalana que, juntamente con vascos, gallegos y baleáricos ( para vergüenza de quien escribe, mallorquín de pura cepa) donde, con más facilidad y con mayor virulencia, se usa este epíteto que, para quienes lo pronuncian, adquiere carácter de axiomático porque, por si solo, y sin más argumentos, ya es suficiente para descalificar, sin posibilidades de alegaciones, defensas o razones, a la persona a la que se le aplica. Y así sucedió que, en un mitin de Zapatero, al que asistió para cumplir con su misión informativa una periodista de Intereconomía, se desató la jauría de los intransigentes y pretendidos “demócratas”, estos que cuando son muchos son muy “valientes”; para abuchear, intimidar y expulsar a la pobre reportera que tuvo que soportar gritos de ¡fascistas fuera!; que, nos recordaron aquellos tiempos de la Guerra Civil, cuando los rojos gritaban aquello del ¡No pasarán! Y, no obstante, ¡si pasaron, vaya que si pasaron!

Nada más que en un país en que la ciudadanía permanece impávida y alelada ante los ataques a la patria, indiferente ante una actuación catastrófica de nuestros gobernantes y complaciente frente a las actitudes evidentemente anticonstitucionales de muchos colectivos, entre los que podemos incluir los gobiernos autónomos del País Vasco y Catalunya, que no se ocultan de pretender escindirse de la nación española e imponer, a la fuerza si cabe, un idioma local para que sustituya y erradique a la lengua castellana; se puede entender que, no una, sino varias veces, se celebren grotescas imitaciones de referendos, ( ellos para disimular, les llaman “consultas populares”) que ya han tenido lugar en cerca de 500 localidades catalanas y que, para rematar el ataque a España y darle el espaldarazo al independentismo, la última ha tenido lugar en la propia Barcelona, con la asistencia a la votación de las principales personalidades del gobierno catalán y de sus partidos políticos, con la excepción del PP, Ciutatans y el PSOE, aunque algunos que no hayan podido evitar participar de semejante astracanada.

Al parecer, 275.000 personas acudieron a votar y el Sí ha sobrepasado el 93% de los votantes, lo que supone cerca de un 20% del censo barcelonés. Son, evidentemente, una minoría, pero eso no quita que no sea preocupante que, en un país democrático, que tiene su Constitución y sus propias leyes que regulan toda esta suerte de actos de consultas populares y que, se requiere la previa autorización del Estado para que puedan celebrarse, se acepte con un encogimiento de hombros el que, autorizado por la Generalitat y apoyado por ella, en una claro y patente desafío al Estado de Derecho y una provocación a todos los españoles, se ponga en jaque la autoridad y la competencia del Gobierno de la nación en cuestiones que tengan que ver con la unidad española.

No parece, sin embargo, que en el Ejecutivo nadie se haya alarmado, nadie se haya dado cuenta de que, respecto a anteriores consultas (que no llegaron al 15% del censo), en esta última ocasión han alcanzado ya un 20% y, si Dios no lo remedia y se sigue permitiendo que, en Catalunya se sigan tomando las libertades para ir socavando la autoridad del Estado y seguir imponiendo a los ciudadanos la ley de los hechos consumados, como ocurre con la imposición del catalán en la enseñanza en dicho idioma y la obligación de que todos los comercios deban rotular en el idioma vernáculo, sancionando a aquellos que se atreven a hacerlo en castellano; es probable que “estos actos carentes de consecuencias jurídicas” como los califican, desdeñosamente, desde el Ejecutivo socialista, acaben por lograr las mayorías suficientes para que, cuando el Gobierno quiera reaccionar, se encuentre ante un problema que pueda superarlo, cuyas consecuencias puedan dar lugar a que vuelvan a salir a colación las viejas contiendas, entre españoles, de las que tan amargos recuerdos tenemos.

Resulta inconcebible que tengan que ser los EE.UU. quienes acusen a Catalunya de vulnerar los Derechos Humanos y, en España sea el propio Gobierno quien se empeñe en decir que, en la comunidad catalana, no hay persecución de idioma español, que los que quieren estudiar en él pueden hacerlo y que todo son “infundíos de las derechas” para desestabilizar al gobierno de la nación. Pues bien, el Departamento de Estado de Hilary Clinton, emitió el sábado el tercer informe, en el que se denuncia: la vulneración de los Derechos Humanos producida a raíz de la “discriminación” lingüística en Catalunya. Se hace hincapié en el texto del informe en que, en dicha comunidad, se impide “recibir la educación en la lengua mayoritaria del país”. No se habla de una situación que se hubiera producido hace diez o veinte años, no, no señores, se habla de algo que viene sucediendo actualmente, de informes del pasado año 2010 y que, por desgracia, no se ha solucionado a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Supremo dando la razón a unos padres que pedían que se les diera, a sus hijos, la oportunidad de educarse y recibir formación en castellano.

Desengáñense, la jugada de ZP diciendo que no se presentará a la reelección, no va cambiar ni un ápice la actual situación española. Es posible que salgan nuevas leyes que acaben con las pocas libertades de las que gozamos y es de temer que, los gobiernos nacionalistas que le sostienen en el poder, sigan campando por sus respectos ante el enorme papanatismo de los españoles. Luego nos quejaremos. O, así opino yo.