El hecho de que el préstamo que se nos va a conceder se haga directamente al FROP y no al Estado, creemos que puede ser favorable debido a que, este organismo ya es el que ha venido actuando en la financiación de algunas fusiones entre cajas o en inyectar liquidez a las entidades bancarias que pasaban por graves apuros a causa de la necesidad de hacer las provisiones que les fueron ordenadas por el Banco de España para contrarrestar las minusvalías de sus activos inmobiliarios. Hay que recordar que los préstamos del FROP a las cajas y bancos no han sido gratuitos y las entidades beneficiadas deberían pagar un interés por ellos. La circunstancia de que, al menos provisionalmente, hasta que se regularicen sus balances y empiecen a aparecer los números verdes en sus cuentas de resultados, el FROP se convierta en accionista de las entidades en las que interviene, lo que supone su participación en los Consejos de Administración de dichas sociedades con la posibilidad de conocer, desde dentro, la evolución de de dichas sociedades en los años venideros.

 

Si algunos pretenden, de mala fe, convertir en un rescate total, al modo de Grecia, Irlanda o Portugal, esta ayuda al sector financiero o intentan confundir a la ciudadanía para enfrentarla al Gobierno, demuestran estar en el mismo Limbo o son incapaces de distinguir entre una cosa y la otra. El hecho de que España tenga un sector, el financiero,  o al menos una parte del mismo, que pudiera estimarse de un 30%, que esté afectado por las consecuencias de la especulación urbanística, no quiere decir  que no tengamos un número elevado de entidades, especialmente bancarias, de gran solvencia y prestigio internacional, que han realizado, sin esfuerzo, sus capitalizaciones de acuerdo con las exigencias recibidas del Banco de España. Por eso, el confundir una financiación que se nos da en forma de créditos al FROP a intereses que parece van a ser muy favorables para que, esta entidad, pueda distribuirlos a las empresas financieras que los soliciten, siempre que presenten el correspondiente plan de reestructuración que asegure la viabilidad del proyecto, es no entender de que se va. No van a ser préstamos gratis ni a fondo perdido, sino que se les fijará un interés que permitirá al FROP, sacar un rédito, sobre el capital prestado, superior al interés que deberá pagar a la entidad prestamista; con lo cual, aunque la deuda se considere como parte de la deuda pública del Estado, en realidad no va a costar ni un céntimo a los contribuyentes que, por otra parte, si  la cuestión financiera se normaliza, no tardaría en poder recibir nuevos créditos que tanta falta están haciendo, para darle un empujón a nuestra economía. 

Todo ello no tiene nada que ver con lo que se entiende como un rescate a una nación, que supone una pérdida de soberanía de la misma, al deber someterse a la supervisión de Bruselas quien decide sobre todas las reformas que deben hacer en el país por muy duras y drásticas que sean. En nuestro caso, los únicos que va a ser sometidos a una supervisión van a ser los bancos y cajas que se acojan a las ayudas que, como se puede esperar, van a ser vigilados con lupa en todas las operaciones que vayan a llevar a cabo.

 

Puede que muchos españoles no se hayan percatado de la grave situación por la que hemos pasado durante los últimos días y de la agobiante actividad a la que han estado sometidos todos los integrantes de nuestro Ejecutivo, con el señor Rajoy a la cabeza. Suena a sarcasmo escuchar a algunos socialistas, con el señor Rubalcaba en primera línea, hablar de pedir explicaciones y reclamar que esta operación no les cueste ni un centavo a los ciudadanos cuando, si estamos en la situación en que, por desgracia, nos hallamos, se debe a que, el anterior gobierno, se dedicó a despilfarrar, a negar la crisis y a fanfarronear de no tener problemas financieros cuando, en realidad, estábamos a la cabeza de las naciones europeas en cuanto a exposición al riesgo inmobiliario. La gran batalla que ha tenido que sostener nuestro Gobierno para vencer las reticencias de algunos países, como Holanda y Dinamarca, poco propicios a que Europa consintiera en un rescate, que podríamos llamar “descafeinado”, reducido al sector financiero; cuando lo que pretendían es que fuera una rescate al estilo del griego o el portugués, que hubiera supuesto para los españoles y para el resto de Europa una verdadera catástrofe, no solo para el euro, que también, sino para nuestra imagen como nación y el efecto que ello supondría para nuestra prima de riesgo. Todo ello, sin olvidar las medidas draconianas que Europa nos iba a imponer en temas autonómicos, laborales, desempleo, pensiones y sanidad, con lo que, sí aprenderíamos a diferenciar la distancia abismal que existe entre unos préstamos dirigidos al sector financiero del rescate a la nación entera.

 

Ya sabemos que el PSOE, al menos de puertas para fuera, va a intentar demostrar que hemos sido intervenidos y que la operación de aceptar el préstamo que se nos ofrece, que parece ser de unos 100.000 millones de euros, va a significar hipotecar nuestro sistema financiero. No obstante, otros pueden opinar que hemos estado, durante unos meses, directamente expuestos a una quiebra soberana; que la colocación de nuestra deuda cada día se hacía más complicada y cara –debido a la desconfianza que venía generando nuestro nivel de desempleo y las malas noticias que corrían sobre la falta de solidez de nuestras cajas y banco, especialmente de las primeras – y algunas muestras de inseguridad y movilizaciones ciudadanas que la izquierda, en su empecinamiento por recuperar el poder, cometió la insensatez de provocar; en los momentos más inoportunos para las conveniencias de nuestra nación. Puede que el señor Rubalcaba o la señora Valenciano pudieran habernos explicado qué otra solución se les habría ocurrido a ellos para que, el famoso “estado del bienestar” se hubiera podido mantener tal y como ellos vienen reclamando. Si no hubiéramos tenido un gobierno, como el del PP, capaz de fajarse y luchar, utilizando todos los medios de que ha dispuesto, para evitar que nos tuviéramos que someter a la humillación de ser intervenidos como lo han sido Grecia, Portugal o Irlanda; seguramente ya estaríamos en quiebra. 

 

Puede que haya quien le busque los “peros” a esta operación o diga que se podía haber aguantado más, pero cuando la prima de riesgo supera los 500 puntos básicos y se paga un interés, por colocar deuda a 10 años, superior al 6 por ciento, cualquiera que tenga algo se sentido común sabe que, en estas condiciones, es imposible sostenerse sin correr el peligro inminente de caer en quiebra soberana. O así es, señores, como veo el tema.