Miguel Massanet Bosch

Por fin ha aparecido la sentencia del TC sobre el infumable Estatuto catalán. El hecho de que la mitad de los magistrados del tribunal haya emitido su voto particular de disconformidad con la resolución aprobada, nos da idea de lo que deben haber sido las deliberaciones en el seno de este organismo, teóricamente, encargado de defender la hermenéutica de un texto de tanta enjundia y trascendencia para el pueblo español, que la votó en base a una redacción que se sometió a referendo y que fue aprobada por una gran mayoría de la ciudadanía, pero en el bien entendido de que, lo que aprobaba, era lo que se entendía de una lectura racional, de sentido común y carente de interpretaciones sesgadas, artimañas políticas y dobles sentidos o equívocos que permitieran  interpretaciones distintas, según fueren los intereses políticos de quienes la quisieran manipular a su favor o para amoldarla a los intereses espurios de aquellas minorías que, desde la promulgación de la Constitución, no han dejado de intentar desvirtuarla, capitidisminuirla y retorcerla para reeditarla según sus particulares preferencias y conveniencias; siempre en detrimento de la unidad de España.

Siempre hemos sostenido que las leyes (que se dictan para que sean cumplidas por los ciudadanos) han de ser fácilmente comprensibles, no sólo por los juristas, que también, sino para cualquier ciudadano medio, con sentido común y una inteligencia normal, sin  que se precisen intérpretes  interpuestos para saber qué obligaciones se nos imponen y qué derechos otorga a los ciudadanos; así como para conocer su ámbito de aplicación. Nuestra Constitución de 1978 fue redactada, en líneas generales, con bastante claridad,  de forma lo bastante llana para que quien la leyere pudiera comprender, con toda facilidad, todo lo que en la misma se contenía y cuáles eran los derechos individuales y colectivos que quedaban protegidos por ella. Me alegra de que, entre los magistrados que han trabajado en el recurso planteado por el PP en contra del Estatut, sean cinco los que han formulado votos particulares y que, el borrador de la señora Casas, la presidenta, haya quedado desacreditado como un documento que, en lugar de dedicarse a poner luz en cuanto al verdadero y único sentido de las disposiciones constitucionales; se haya empeñado, en aras de una pronta resolución del tema, en limitarse a poner cataplasmas para que, el resultado, haya sido lo suficientemente incoherente, complicado, descoordinado, impreciso y confuso para que el resultante venga a ser un remedo casi incomprensible de la Constitución que, como ya se deja paladinamente expresado en algunos votos particulares, en lugar de dejar aclarados y sin posibilidades de otras interpretaciones, los artículos que se han querido “precisar”, lo único que se ha conseguido ha sido, como dice el voto del magistrado don Vicente Conde: “una resolución judicial demasiado interpretativa, inconcreta, poco clarificadora de cara a quienes deben impartir Justicia”, pero también, y a esto me refería anteriormente, para los ciudadanos.

Suena a broma de mal gusto, a astracanada de descerebrados, la forma que han tenido los partidos políticos catalanes de pronunciarse, aún antes de que conocieran los 1.000 folios de que consta la resolución del TC; sobre lo que ellos califican como una sentencia que va en contra del pueblo catalán. El hecho de que el señor Puigcercós de ERC se haya encabritado, ( en realidad está satisfechísimo, porque esta situación favorece sus métodos más radicales de reclamar la independencia catalana), no es nada que deba de preocuparnos o ponernos nerviosos, pero,  que el resto de partidos nacionalistas, incluido entre sus componentes un jurista como el señor Durán; hayan hecho de la sentencia del Constitucional un casus belli, cuando la realidad nos demuestra que han salido favorecidos por interpretaciones muy laxas de los preceptos constitucionales y, en el tema de la lengua, sin duda mucho más airosos de lo que muchos españoles, defensores del castellano, hubiéramos querido que quedara más concretado, especialmente en cuanto al derecho de cualquier ciudadanos a pedir poder recibir enseñanza en castellano en cualquier lugar de España.

Hemos llegado a las escurriduras de la insensatez, sectarismo, demagogia y desvergüenza cuando, desde el Tripartit, personajes como Montilla y Mas se han atrevido a quejarse airadamente de que el TC haya dado a conocer la resolución sobre el Estatuto catalán en víspera de la “manifestación catalana” para reclamar más autogobierno y “el poder decidir por sí mismos”. El que Montilla hable de “ofensa a la dignidad de Cataluña” y Mas achaque al TC acusándolo de “ignorancia y mala fe”; nos dan la medida de, hasta donde están llegando las cosas en esta región de España, gracias, señora de la Vega y señor Montilla, no, como ustedes intentan hacer creer, a que el PP interpusiera un recurso contra el Estatut, que, además de estar en su derecho de hacerlo, se ha demostrado que tenía toda la razón para interponerlo –como la tuvieron el Defensor del Pueblo y las autonomías que también lo hicieron –; sino que lo que ha quedado evidenciado y que todos ustedes pretenden ocultar, es que en dicho cuerpo legal se introdujeron elementos claramente inconstitucionales y tendentes a dotar a Cataluña con derechos, facultades, garantías y financiaciones que los situaban en una situación privilegiada con respecto al resto de autonomías.

En esta demagogia, en este lavado de cerebro que los políticos catalanes, con su victimismo, con sus reivindicaciones de imaginarias prerrogativas y supuestos agravios por parte de España; con sus apelaciones a unos hechos que tuvieron lugar hace siglos, basados, no en victorias y hazañas de los levantiscos catalanes de la época, sino en más que evidentes derrotas militares, como la que tuvo lugar, cuando se decantaron por el bando de los Austrias y fueron derrotados a manos del pretendiente a la corona de España, el Borbón Felipe V. Lo que está sucediendo y de lo que deberían tomar debida nota algunas instituciones, es que, lo que comenzó siendo defendido por un grupo de terroristas de Terra Lliure, fue yendo a más con el señor Jordi Pujol y sus mangoneos políticos y económicos (recordemos lo de la Banca Catalana) y ha seguido en crescendo, hasta adquirir una dimensiones que puede que lleguen a alcanzar una fuerza tal que amenacen, seriamente, la mentada unidad de España. Una pequeña rebelión se puede dominar fácilmente, una rebelión avalada por los políticos que han jurado la Constitución y que se enfrentan a ella y a los estamentos judiciales de la nación, ya tiene unas características más preocupantes pero, señores, cuando desde las mismas instituciones, se desinforma a la ciudadanía con falsas interpretaciones de una sentencia; se apela a acuerdos que, si existieron, fueron nulos de pleno derecho por infringir las leyes y estar concebidos de espaldas a la Constitución; entonces pasa a ser una situación de extrema gravedad a la que hay que poner remedio de inmediato.

La desobediencia a las leyes es un delito; la desobediencia a una sentencia del TC, es algo más grave, ya que está rozando la rebeldía e insumisión contra el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho; pero, señores, cuando se induce a la ciudadanía a sumarse a los rebeldes para amenazar al Estado, chantajearlo o ponerlo en una situación en la que debiera aplicar, a la autonomía que se rebela contra el orden establecido, la suspensión que la Constitución tiene previsto para estos casos; el cariz de la cuestión ya entra en un punto tal que, el mirar hacia otro lado o hacerse el desentendido, es un crimen de lesa majestad en contra de la patria.¡Qué lo entienda quien lo quiera entender!