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Diario YA

 

 

Cualquier salvajada, aberración o delito no suscitan ya ninguna reacción de los españoles

PACHECO, el visionario

Carlos Rubio Romo
Este Sistema mal llamado democrático que carcome nuestra patria desde hace cuarenta años tiene, al menos para sus artífices, un dudoso mérito, que es haber situado el umbral de asombro y de repugnancia a niveles estratosféricos.
Cualquier salvajada, aberración o delito no suscitan ya ninguna reacción de los españoles.
El Sistema nos ha ido inoculando los virus que son suyos (relativismo, lo políticamente correcto, la cultura de la muerte…) en pequeñas dosis para que poco a poco nuestras conciencias se fueran acostumbrando y así, año tras año, oprobio tras oprobio, traición tras traición, desmán tras desmán, ha conseguido adormecerlas.
Un ejemplo magnífico para ilustrar ese estado de cosas es la Justicia (?) en nuestra patria.
Aunque por desgracia tengamos que asistir cotidianamente a una avalancha de sentencias disparatadas, contradictorias, incomprensibles…injustas en resumen, últimamente varios fallos judiciales me han recordado con más fuerza aún en qué estado de ruina está nuestro Sistema Judicial: la absolución de Rita Maestre y su piara, la condena a los patriotas de Blanquerna, la pseudo-condena a los sepaRATAS que organizaron y llevaron a cabo un referéndum contra la unidad nacional, la absolución de Cristina de Borbón y la libertad condicional al sepaRATA de su marido por un delito manifiesto de corrupción, el ingreso en prisión de Miguel Bernad, el pequeño David que se atrevió a levantar su honda contra el Goliat del Sistema…
Yo no soy un profesional del Derecho y mis conocimientos en la materia son tan sobresalientes como la inteligencia de Pedro Sánchez. Lejos de mí, por tanto, la intención de ahondar en conceptos que me son tan extraños como la honradez en casa de los Pujol.
Dicho esto, podemos constatar sin temor a equivocarnos los hechos siguientes que ilustran la triste realidad de nuestro ordenamiento jurídico:
-    Desde un punto de vista conceptual, Justicia y Legalidad no tienen por qué coincidir y de hecho en nuestra patria no coinciden en un número alarmante de casos.
-    Y dentro de la Legalidad hay diferentes interpretaciones del mismo hecho delictivo por parte de los que deben impartir justicia, o sea, los jueces, según los intereses políticos o de otro orden que interfieren ilegítimamente en las sentencias. Y este fraude es tanto más frecuente cuanto más próximos están los tribunales a la casta (Constitucional, Supremo, Tribunales superiores de Justicia) puesto que su nombramiento o destitución depende del poder político. ¿Quién mordería la mano del que le da de comer?
-    Y, en consecuencia, la Igualdad ante la Ley es una quimera.
-    E, incluso, cuando se dicta sentencia, hay demasiadas que no se ejecutan nunca ante la indiferencia de los que deberían hacerlo.
-    ¿Y qué decir de la protección a las víctimas? ¿De la proporcionalidad de penas? ¿No existe acaso la sensación, ¡qué digo!, la constatación de que son los delincuentes los verdaderos protegidos por la legalidad?
La Constitución establece en su artículo 9.3 que “La Constitución garantiza el principio de legalidad…la seguridad jurídica…y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Asimismo, en su artículo 14 podemos leer (si es que no nos morimos de risa antes…): “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento…opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
¿De verdad se puede afirmar que la situación de absoluta impunidad de Jordi Pujol y su familia no es la mejor prueba de la arbitrariedad de la Justicia? Un fulano que ha RO-BA-DO cientos de millones de euros. Que es algo que todo el mundo sabe desde hace lustros. Que cualquier empresario en Cataluña ha tenido que untarle para conseguir alguna concesión pública. Que su familia se llevaba lo robado en bolsas de deporte a Andorra: los fajos por cientos, como en las películas de mafiosos. Y ahí está el “molt honorable” tan tranquilo porque sabe que la Justicia no hará nada contra él. Y no hará nada porque tiene a toda la casta política pasada y presente cogida por donde más duele.
Siguiendo en el capítulo de ladrones de guante blanco, el sádico Montoro decretó en 2012 una amnistía fiscal donde a los defraudadores se les perdonaban todas las obligaciones fiscales no cumplidas además de recargos, intereses y sanciones generadas por ese fraude. Para hacerlo, bastaba según la norma, el Real Decreto Ley 12/2012, con cumplir una obligación: los defraudadores "deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento." Lo peor es que este insultante porcentaje no fue verdad puesto que, de media, sólo pagaron al Fisco el 3%. Simplemente como recordatorio, el IVA superreducido en España es del 4% y es el que se aplica a los productos de primera necesidad (pan, leche, medicamentos…). ¿Es justo que una barra de pan cargue con un porcentaje de impuestos superiores al que soportaron los capitales que se defraudaron a Hacienda?
Por cierto, ¿con qué se encuentran todos los españoles cuando deben pagar el IRPF? Pues con tipos del 20% al 47% de sus rentas. Y ojito con olvidar nada que ahí sí, ahí el ladrón Montoro, sus inspectores, los fiscales, los jueces, la brigada de represión del fraude, los GEO, la CIA, el Mossad y agentes del antiguo KGB caerán sobre el pobre tipo para crujirlo por los restos.
¿De verdad los españoles somos iguales ante la ley? ¿Da igual ser Jordi Pujol que Carlos Rubio? ¿Tuvo el mismo trato el que antes de 2012 había defraudado cien millones de euros y el que no declaró cinco mil euros?
¿Es justo o al menos legal la absolución de Cristina de Borbón? ¿Y permitir que Iñaqui Urdangarín siga viviendo en el extranjero a pesar de la condena de seis años y tres meses? ¿Por qué al cómplice de Urdangarín le han caído dos años y tres meses más que a él, siendo los dos igual de responsables?
Y hablando de DES-igualdad ante la Ley: ¿qué me dicen de los 17.603 aforados pertenecientes a instituciones del Estado y de las Regiones, o sea, a la casta político-judicial?
Pues bien, estos señoritos tienen el privilegio de no ser juzgados por el tribunal que les correspondería si fuesen un ciudadano no aforado. En el remotísimo caso de que tengan que responder ante un tribunal, este será mucho más próximo al poder político (Supremo, Tribunales Superiores…) en cuyo caso la posibilidad de una sentencia condenatoria es próxima de cero.
Por cierto, ¿saben Uds. que ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados? ¿Y que en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República? ¿Y que en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros?
¿Se acuerdan Uds. que hace no tanto tiempo había una banda de auténticos hijos de perra llamada ETA, que se dedicó durante cincuenta años a asesinar, robar, secuestrar y que condenó al exilio a más de 200.000 vascos y navarros y a muchísimos más al silencio para poder salvar el pellejo? ¿Se acuerdan Uds. de cómo se les inflaba la vena a los políticos castuceros diciendo que los etarras “se pudrirían en la cárcel” y que “cumplirían íntegramente sus penas” y al mismo tiempo liberaban bajo cuerda o a plena luz del día a centenares de esos hijos de puta sin haber cumplido más que una pequeñísima parte de la condena? ¿Quieren ejemplos: Inés del Río con 24 asesinatos a sus espaldas y sólo 26 años de cárcel cumplidos o Francisco Múgica Garmendia, responsable de las masacres de Hipercor y el Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, con más de 32 muertos y sólo 26 años de cárcel o Idoia López con 16 años de cárcel por 23 asesinatos? Matar les salió barato: un año de cárcel por asesinato. La lista de la infamia es casi infinita. Por no hablar de Bolinaga, el presunto enfermo terminal liberado por el PP que tuvo tiempo de acabar con las existencias de todos los bares de su pueblo durante los casi tres años que duró antes de irse al infierno.
Observamos con suma tristeza cómo día sí y día también, se ataca desde partidos políticos e instituciones públicas la unidad de España, sus símbolos, su Historia, su Cultura y sus héroes. Cómo se pisotea la memoria de aquéllos que generosamente dieron su vida por nuestra patria. Aquéllos que pusieron su talento (político, artístico, militar y de toda índole) al servicio de una nación y que transmitieron a sus hijos la herencia que habían recibido de sus padres engrandecida y enriquecida. Sin cálculos miserablemente políticos, sin sectarismos, con una generosidad encomiable. Diariamente se pone en cuestión nuestra existencia como nación. Se niega nuestra identidad.
Eso, que en pura Justicia sería merecedor de un castigo ejemplar, se considera “libertad de expresión”. Y a los poquísimos que se oponen a ello, se les condena a penas de cárcel. Como a los patriotas que entraron en el Centro Cultural Blanquerna simplemente a recordar que Cataluña es España.
Sin embargo a aquéllos que pisotean la legalidad y, lo que es más grave, nuestra unidad, se les pone un simulacro de condenilla condenándoles a poco más de un año de inhabilitación.
Y nos preguntamos si esa ignominia es posible porque la ley no castiga el delito o porque los jueces no aplican la ley. Pues es muy fácil: basta con ir a nuestro Código Penal y leer el artículo 472 (donde se especifica quiénes son reos del delito de rebelión) o los artículos 544 a 549 (tipificando los reos del delito de sedición) o también el 543 (ultrajes a España).
El delito de Rebelión es el más grave que se puede cometer contra el Estado y sus instituciones y aunque el de Sedición se trate diferentemente del de Rebelión puede estar conectado a ese en determinados supuestos.
Si no se quiere aplicar la Justicia, al menos que se aplique la Ley. Pero no quieren. El PP no quiere y los otros borregos de la Casta tampoco. Sin embargo, el PP no perdió ni un segundo en ordenar a sus jueces del Supremo que aplicaran el agravante de discriminación ideológica y así enviar a la cárcel a catorce españoles que se limitaron a defender lo que se lee en el artículo 2 de la Constitución española.
¿Cabe mayor esquizofrenia? Los en teoría garantes de la Legalidad metiendo en la cárcel a los que defienden la legalidad. A este paso, van a conseguir que acabemos en el Frenopático.
Bueno, pues hemos visto ya que la legalidad está lejos de ser justa. Que los españoles no somos iguales ante la ley. Que las penas no son proporcionales al delito y que la Ley protege siempre al delincuente y nunca a la víctima. Podemos decir: al menos, las sentencias se cumplirán, ¿no?
Pues no siempre.
Eso ya es el colmo. Pero es así.
Hemos visto ya el caso de los asesinos etarras que vergonzantemente fueron indultados por el PP. Pero el PSOE también lo hizo y por supuesto la UCD, cuando en 1977 concedió una amnistía general y puso en la calle a lo mejorcito de cada casa incluyendo por supuesto a un buen número de asesinos etarras.
Pero si miramos a otros casos flagrantes de incumplimiento de sentencias, podemos fijarnos en todas las que el Tribunal Supremo ha dictado contra la dictadura lingüística en Cataluña contra la lengua española y que jamás se han ejecutado. O también la sentencia contra el “antenicidio” cometido por “il capo” Polanco contra Antena 3 y que el gobierno del PP ignoró, haciendo omisión de su deber.
Si ni siquiera las sentencias se aplican, ¿cómo se va a exigir respetar la ley?
Es imposible que un Sistema Político pueda sobrevivir sin un Sistema Legal que sea  justo.
Es imposible que una nación sea tomada en serio si el Sistema Judicial es un cúmulo de arbitrariedades.
Es quimérico decir que vivimos en Libertad con la inseguridad jurídica que padecemos.
Una verdadera democracia necesita contrapoderes. Ya lo hemos dicho muchas veces: el poder político es un ente bulímico que busca expandirse a toda costa. Si nada viene a contrarrestarlo, estaremos en una dictadura “de facto”. Pues bien, la Justicia es uno de los mayores contrapesos al poder político. Si no cumple ese papel fundamental, ni hay libertad ni Estado de Derecho.
“Sed lex, dura lex”. Y la misma para todos. Sin privilegios. Sin apaños.
A ese respecto, conviene recordar la fórmula que utilizaban los representantes aragoneses en la ceremonia de jura de los reyes de Aragón: “Nos, que valemos tanto como Vos, y juntos más que Vos, os declaramos nuestro rey y señor, siempre que juréis guardar nuestros derechos y libertades, y si no, no”. Una maravilla: del rey para abajo, todos iguales.
¡Qué lejos estamos de esa situación!
El 30 de enero de 1985, después de que la Audiencia Territorial de Sevilla revocara una orden municipal para derribar el chalet del cantante Bertín Osborne en Jerez, Pedro Pacheco, el entonces alcalde de esa ciudad, declaró: “la Justicia es un cachondeo”.
Treinta y dos años después, no podemos por menos que reconocer con tristeza que la afirmación de Pedro Pacheco está más de actualidad que nunca.

 

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