Alberto Acereda. 28 de abril.

En Europa se vienen escuchando con demasiada frecuencia, y desde hace ya varias décadas, permanentes y aun airados apoyos al importante papel que debe desempeñar el gobierno en la vida de los ciudadanos. La omnipresencia gubernamental en el quehacer diario de los individuos se presentó eufemísticamente como el ideal “estado del bienestar” y se hizo creer a millones de europeos que ése era el camino. Uno casi pensaría que sin políticos y sin gobierno, los ciudadanos no podrían apenas sobrevivir por sí mismos. Hoy entendemos ya el fracaso de todas esas premisas y promesas, de esos utópicos estados del bienestar y de la poca confianza y el escaso respeto que las burocracias gubernamentales tienen por la Libertad y el individuo. Cada día comprobamos la cruda realidad que, no sólo ya en lo económico, supone el excesivo poder de los gobiernos de turno. El canto de sirena de esa especie de socialdemocracia a la europea ha llegado ya desafortunadamente a Estados Unidos, con una nueva Administración que -en sólo cien días- está intentando poner patas arriba la tradición política en Estados Unidos y el uso común de dar prioridad al individuo sobre el gobierno niñera. La misma Constitución de Estados Unidos prevenía precisamente sobre los peligros de un poder gubernamental extralimitado y carente de suficientes mecanismos de control. Todo eso parece estar siendo olvidado también en la tierra de Lincoln, aprovechando la actual crisis económica que ha servido para engordar más aún el papel del gobierno.

En 1903 el porcentaje de gasto del gobierno norteamericano respecto al PIB nacional era sólo de un 6.8%. En 2009 alcanza ya el 44.7%. Sólo en los últimos ocho meses, hemos asistido a las fatídicas acciones intervencionistas de la economía por parte de la Administración Bush y su consejero Paulson. También hemos visto el errático inicio fiscal y presupuestario de la Administración Obama y su equipo económico dirigido por Geithner. Unos y otros parecen haber olvidado los principios del gobierno limitado que recoge la Constitución de Estados Unidos. Quienes prepararon aquel fundamental texto inicial completado en 1787 lo hicieron precisamente pensando en la importancia de limitar lo más posible las funciones del Gobierno. Con gran claridad, los firmantes de la Constitución entendieron que no es el dinero lo que corrompe, sino el poder y en especial el poder absoluto que lleva indefectiblemente a la tiranía. Frente al importante papel que al Gran Gobierno conceden las filosofías políticas de raíz colectivista y sus refundadas variantes socialdemócratas, los conservadores norteamericanos seguimos creyendo que la función legítima del gobierno es facilitar la Libertad. Y que ello se alcanza manteniendo una seria disciplina fiscal, asegurando el orden interno de la nación con una buena e independiente administración de la justicia, manteniendo la seguridad nacional y promoviendo el libre mercado, así como la defensa de la vida y la propiedad privada.

La propia Constitución norteamericana se sancionó por el pueblo (“We The People…”) con el fin de formar una nación más perfecta -resultado de la unión de varios estados- y para establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para las generaciones presentes y futuras los beneficios de la Libertad. Esas sencillas normas -recogidas en las cuatro páginas originales del texto constitucional- parecen estar siendo ignoradas cuando no olvidadas. Al igual que en Europa, también en Estados Unidos el Gran Gobierno lleva décadas buscando monopolizar el poder y controlar casi todas las áreas de la vida privada del individuo. Ahora más que nunca, el Gobierno Federal aparece cada vez más como valedor y controlador de todos los servicios posibles. Basta mirar el tamaño de sus operaciones financieras y sus presupuestos de gasto público. Basta contemplar sus actividades en diferentes campos y terrenos. Basta observar el alto porcentaje de impuestos que los ciudadanos pagamos para mantener funcionando a esos gobiernos y a toda su burocracia de poltronas, coches oficiales y viajes a cuenta del contribuyente. Basta observar también la permanente interferencia de ineficientes gobiernos y de activistas decisiones políticas y judiciales en la vida de cada individuo. Es por eso que los conservadores norteamericanos desconfiamos del Gran Gobierno y aspiramos a que se cumpla la Constitución: la misma que requiere que todos los legisladores, funcionarios federales, y jueces juren o afirmen apoyar y cumplir con ese documento. Lo malo es que, a la larga, muy pocos lo hacen. Por eso seguimos reclamando una vuelta a los auténticos valores del conservadurismo.