Pedro Sáez Martínez de Ubago. Este domingo 25 de septiembre, en la plaza de toros Monumental de Barcelona, que, completo su aforo de 19.582 localidades, ostentaba el cartel de “No hay billetes”, loros toros de la ganadería El Pilar y los matadores Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín protagonizaron una corrida desgraciadamente histórica, que, si nada lo remedia pasará a las crónicas por ser la última corrida de toros celebrada en Cataluña, tras la decisión del Parlamento de esta comunidad de no permitir la celebración de estos festejos en sus cuatro provincias. Todo transcurrió en un clima gran calma, sin mayor acto reivindicativo que el capote de Serafín Marín, diestro nacido en Montcada i Rexac (Barcelona) el 5 de mayo de 1983, quien lució un capote en cuyo reverso se veían las banderas de España y Cataluña, así como un toro en la bamba y la palabra “Libertad”.
Sin entrar en detalles, porque no soy crítico ni cronista taurino, sino uno de los millones aficionados a la fiesta nacional que Manuel Machado describió como "el primero espectáculo español. / La hermosa fiesta bravía / de terror y de alegría / de este viejo pueblo fiero... / Oro, seda, sangre y sol”; de la que en Cataluña encontramos documentación desde 1423, es decir, el testimonio una implantación de la misma, 63 años anterior a la boda de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, y mucho más antigua que otras manifestaciones culturales de estos principados y condados como las collas de castellers, remontadas al tiempo del Ball de Valencians (s. XVIII), precursor de los castells actuales; o la sardana, que tal como la conocemos hoy, es una danza aparecida en el Empordà a mediados del S. XIX, aunque hallemos referencias a otro baile homónimo desde mediados del S. XVI.
Lo preocupante es que Mariano Rajoy, con una aparente declaración de principios "No me gusta gobernar a base de prohibiciones. Yo creo en la libertad" ha descartado declarar la Fiesta bien de interés cultural o tomar cualquier decisión que revoque la prohibición del “Parlament” hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso interpuesto en su día por su propio partido contra esta decisión. Con su posición, ha reproducido su conocida posición sobre la regulación de los matrimonios homosexuales o el cambio de actitud del Partido Popular ante la ley del aborto de 1985.
Lo que sí ha dejado claro Rajoy es que no entra en su agenda de los primeros cien días de Gobierno ninguna decisión que impida la entrada en vigor de la prohibición en Cataluña el próximo uno de enero, aunque ha encargado un informe jurídico que aclare si el Estado tendría competencia para revocar una decisión tomada por un parlamento autonómico. Ciertamente, en el probable caso de que llegara a ser inquilino de la Moncloa, tendría asuntos más urgentes que resolver que los espectáculos taurinos. pero mala cosa parece el que  un licenciado en derecho que aspira a presidir el gobierno del reino de España, tenga que informarse de lo que se explicita en el artículo 155 de la vigente Constitución española: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
Especialmente, después de que el gobierno de Cataluña llegara a un acuerdo con el gobierno de España para ver cómo burlar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de esta comunidad; y después de las más recientes declaraciones sobre política lingüística, que pudieran llevar implícitas presuntas y veladas amenazas, del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien ha considerado que la capital catalana no podía "estar en silencio" ante el "cuestionamiento de la inmersión" y defendido que no defiende un modelo monolingüe, sino plurilingüe puesto que "la riqueza de las personas está en hablar cuantas más lenguas mejor", en tanto el Consistorio que preside argumenta su apoyo al sistema educativo actual, esgrimiendo que pretende evitar la "división de la comunidad educativa en dos comunidades lingüísticas separadas" y se correría el "riesgo" de que estuvieran "enfrentadas" y ello provocara una "peligrosa perdida de cohesión social" en Cataluña, algo que efectivamente implica una transgresión del espíritu y la letra del artículo 3 de la Constitución (“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”) no cabe si no preguntarse hasta dónde puede llegar a doblegarse el señor Rajoy en su todo vale para ganar votos.
Quizá encontremos la respuesta recordando que este liberal de 56 años, es nieto de Enrique Rajoy Leloup, uno de los redactores del primer Estatuto de Autonomía de Galicia refrendado por los gallegos en 1932, durante la II República Española; que ahora don Mariano está donde está por designación de José María Aznar, quien confesó hablar catalán en la intimidad, y en 1996 fue proclamado Presidente del Gobierno con los apoyos de PNV, CiU y Coalición Canaria; y que el voto nacionalista sigue pesando mucho en las Cortes Generales y es imprescindible para todo gobierno débil y muy conveniente para cualquier reforma constitucional.
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO