Francisco Torres García. Entre políticos y economistas existe un cierto consenso sobre la necesidad de poner en marcha una reforma laboral cuyo objetivo flexibilizar el mercado laboral. Esta tesis la comparten PP y PSOE. Ambos suelen afirmar que España todavía mantiene una estructura de relaciones laborales heredada del régimen de Francisco Franco, cuya base era la protección del trabajador y el mantenimiento real de los contratos indefinidos, que hace muy difícil afrontar los retos del mercado laboral de las sociedades posindustriales basado en el sector terciario y cuaternario.

Este nuevo mercado laboral, en el que los sectores industriales y primarios tienen un peso reducido, exige, según se afirma, para mantener el empleo, la máxima flexibilidad posible. Algo que también sería preciso en unos sectores industriales acosados por la deslocalización y la competencia de los países emergentes, pues los países desarrollados no están dispuestos a gravar una producción externa que se realiza con modelos laborales inaplicables en los países industriales (jornadas laborales extendidas, salarios bajos, escasa protección social, contratación en función de producción...).

Faltos de imaginación, los gurús político-mediático-económico defienden la reforma laboral como uno de los cambios estructurales que necesita la economía española. Como mínimo, afirman, en este capítulo España debería uniformizarse con la situación de los países punta de la UE. Lo que se plantea, y esto es defendido por el PSOE y por el PP, es la reducción de la indemnización por despido y la flexibilización de la rigidez que implican los convenios colectivos. Los defensores de ese tipo de reforma argumentan que, en tiempos de crisis, sólo se puede crear empleo mediante contratos puntuales que no impliquen indemnizaciones o a través de la subordinación de los convenios colectivos a la realidad coyuntural de las empresas.

Se trata de una solución, insisto, escasamente imaginativa. Propia de los que no son capaces de impulsar una expansión productiva que genere empleo a partir del crecimiento real y no de la redistribución de lo que se tiene. Es decir crear riqueza y no distribuir miseria; pero al socialismo real siempre se le ha dado bien repartir miseria.

Al socialismo, por muy socialdemócrata que sea, le resulta muy difícil integrar en su esquema ideológico tanto la máxima flexibilización de las relaciones laborales como la reducción hasta su práctica desaparición de las indemnizaciones por despido. Ahora bien, carente de imaginación, preso de sus contradictorias decisiones, el gobierno se ve obligado a ceder en este punto pues su modelo de afrontar la crisis es el de subir la presión fiscal, directa e indirecta, que ahoga tanto el consumo como la recuperación de la producción y que, además, impulsa la evasión de capitales y el alejamiento de la inversión. En este marco, por su propio planteamiento, al gobierno sólo le queda recurrir a una reforma laboral que se le hace muy cuesta arriba. Reforma que también pide el PP y que, probablemente, también considerará insuficiente la propuesta socialista.

Ante esta disyuntiva José Luis Rodríguez Zapatero, por ese choque entre la realidad y la ideología, se propone hacer trampas en el solitario: abaratar el despido y que seamos todos los que paguemos una parte de la indemnización por despido. Rodríguez Zapatero cree que así logrará contentar a todos: empresarios, sindicatos y mandatarios europeos. Pero con su planteamiento lo único que hace es volver a comprometer, como en ocasiones anteriores, las cuentas públicas.

Lo que España necesita es anunciar cambios reales en su estructura económica, pero no ciñéndose a lo relativo al mercado laboral. Lo que España demanda es impulsar un ciclo productivo nuevo que, por ejemplo, pasa por cambiar nuestro modelo energético asumiendo la necesidad de utilizar la energía nuclear o impulsar infraestructuras productivas que sitúen a nuestro país en los ejes de transferencia mundiales para evitar que medio país se quede fuera de los arcos de desarrollo de la UE. Pero esto es imposible hacerlo con una política económica que sólo tiene como norte exprimir a los españoles.