Fernando Villar Molina

“Las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley, y en todo caso, en los 12 criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten”.

Con este primer punto del artículo 16.2 del Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, referido al “derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la educación”, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se propone vetar la financiación a los colegios concertados con enseñanza diferenciada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la que pertenece nuestro país, en la Convención de París “relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza”, en el artículo 2, dice que no es discriminación: “a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes”.

Los totalitarismos en cualquier campo de la vida de un país, como está demostrado históricamente, no han contribuido a fomentar la libertad de los ciudadanos, ni han constituido un elemento de su desarrollo personal. Pero si es aplicado al campo de la educación, en el que está en juego el futuro de los escolares, las consecuencias desgraciadamente no tienen marcha atrás.

No voy a defender la bondad de la enseñanza diferenciada. Basta echar una mirada a lo que ocurre en muchos países de nuestro entorno, en el tema educativo, para darse cuenta de las facilidades, cada vez mayores, que los gobiernos están dando, a la implantación de escuelas diferenciadas, tanto en el sector público como en el privado. Y es que cuando lo que se busca, realmente, es la eficacia del sistema escolar y no objetivos ideológicos, caben otros planteamientos de organización escolar, si puede ser beneficioso para el futuro del alumnado.

La forma en que se trata de envolver la negativa a acceder a fondos públicos de los centros diferenciados, tachando de discriminar a los alumnos, es una manera de manipular e imponer los criterios dogmáticos del gobierno, usando los fondos públicos de manera parcial, en detrimento de los derechos objetivos de los padres y de los alumnos.

Dar la espalda a la realidad objetiva de la situación escolar española, dada a conocer tanto por estudios privados como publicados por organismos oficiales, no es más que una manera de negarse a resolver los problemas.

Muchos países están introduciendo correcciones en su sistema educativo, utilizando distintas vías, que van desde el fomento de una organización pedagógica más abierta, dar mayor protagonismo a los padres, formación en valores, etc. ¿Porqué nuestras autoridades educativas, se limitan sólo a parchear y no dan soluciones eficaces a un problema que está dejando a muchos jóvenes fuera de sistema productivo, y amenaza nuestro futuro económico?