La Lupa del YA. Un gobierno debería administrarse casi como una empresa o una familia, primero conociendo sus ingresos y después adecuando los gastos, es decir, los usos que se les da a esos ingresos y que permiten al gobierno no sólo pagar a sus empleados sino también comprar bienes y servicios e invertir en infraestructura pública. Los economistas piensan que las recesiones recompensan las fortalezas y exponen las debilidades, crean nuevas oportunidades y destruyen viejos hábitos. Y, si cabe alguna certidumbre en la actual situación económica de España, es que sus consecuencias han ayudado a exponer las debilidades estructurales que se venían acumulando en los últimos tiempos. Entre ellas no es la menos destacable el aumento del número de empleados públicos debido al desarrollo de un estado de las autonomías que con frecuencia desdobla funciones incrementando innecesariamente el gasto de la administración pública.

Así de los en torno a 23.500.000 españoles en edad de trabajar, sólo tienen trabajo unos 18 millones y, de ellos, unos 3 millones y medio, es decir, el 28,5% lo hacen en la administración pública, o, comúnmente hablando, el 28,5% de los españoles que trabajan son funcionarios, es decir perciben un sueldo del Estado que todos, también dichos empleados públicos y posiblemente en mayor cuantía porque su nómina está controlada y no permite los abusos que se cometen entre los profesionales liberales (por ejemplo el fontanero, mecánico o electricista… que dan a elegir entre la factura con IVA o sin él) mantenemos con nuestros impuestos.

Esto en las épocas de estabilidad o de prosperidad económica no llama la atención, pero en trances como la actual crisis, que más tiene de estructural que de coyuntural, hace que muchas cuestiones se replanteen. Quien esto escribe no tiene nada contra los funcionarios, quienes han llegado a ocupar su puesto tras superar exámenes que no suelen requerirse en la actividad privada. Pero ello no debe ignorarse que, mientras en el sector privado el empleo dista cada vez más de ser fijo, si por fijo entendemos el “contrato indefinido”, el empleado público, de no cometer algún delito o falta grave, tiene su plaza en propiedad durante toda su vida laboral y, en cualquier mes del año, un horario y unos ingresos asegurados independientemente de la cantidad de trabajo.

Sin embargo, cuando el Estado entra en crisis o franca quiebra, cuando no puede garantizarse ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, ni el pago a los acreedores que ocasiona el cierre de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos, es necesario replantear también el pertinente ajuste del empleo público. Hoy los trabajadores de este sector han visto reducido su poder adquisitivo, pero habría que ver -y el incremento del número de aspirantes a cada plaza que sale a oposición lo corrobora- cuántos españoles no desearían perder un 5% o un 10% de su poder adquisitivo a cambio de saber que tienen el trabajo asegurado hasta su jubilación.

Pero, cuando las cosas se tuercen, cuando el gobierno gasta o dilapida sin tener en cuenta sus ingresos, llegando al punto de que el Estado no pueda cumplir sus obligaciones, muchas son las cuestiones –además de la responsabilidad penal en que deberían incurrir los gestores que han malversado o derrochado inadecuadamente, cuando no ilícita o inmoralmente lo que no es suyo- deben revisarse. Y, siendo rigurosos, veríamos que en la última década, mientras el aumento en el número de empleos en el sector público apenas se ha incrementado en la zona euro, cuya tasa de crecimiento ronda el 4,5%, en España el aumento en este tipo de empleos ha sido de casi el 32%. Tal divergencia de España con la media de los 17 países de la eurozona  demuestra que hay algo que no funciona en España y que genera un gasto estructural que lleva indefectiblemente al empobrecimiento de la nación.

Y si profundizamos en el reparto del empleo público, veremos que los 3 millones y medio de funcionarios públicos, el 18% pertenece a la administración central, el 26% a los ayuntamientos y el restante 56% pertenece a las administraciones autonómicas.

En consecuencia, se puede afirmar que el Estado de las Autonomías es un inmenso error, semejante a una sanguijuela que desangra a su huésped, que nos está conduciendo a la ruina, a la división entre los españoles y a la desintegración de la unidad nacional, porque, en su concepción actual, impide el desarrollo económico y contribuye a la destrucción de la igualdad, la cohesión y la solidaridad entre las regiones. Igualmente, el Estado de las Autonomías, por su propia naturaleza, aspira a incrementar constantemente sus techos competenciales en una espiral que nos enfrenta con los parámetros de nuestro entorno (una república federal como Alemania ha reducido su funcionariado un 6%) y nos lleva a la ruptura tanto de la unidad de mercado como del modelo de Estado basado en la indisoluble unidad de España, que establece el artículo 2 de la Constitución Española.

Todo ello hace inevitable plantear una regeneración radical de España que, superando apegos más o menos románticos al terruño, por encima de  partidos, intereses parciales y nacionalismos disgregadores, nos devuelvan el orgullo y la alegría de trabajar en un proyecto común que, necesariamente, implica una reforma constitucional que redefina la actual descentralización política y administrativa, modifique la ley electoral, y blinde la unidad de España asegurando la igualdad entre todos los españoles, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia.

Frente a la sangría de la sanguijuela autonómica opongamos la enseñanza de los evangelistas San Marcos (3, 24), San Lucas (11, 17) o San Mateo (12:25): “Todo reino en sí dividido será desolado, y toda ciudad o casa en sí dividida no subsistirá”.

PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO