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Diario YA


 

¿Deben perdurar las autonomías?

Un referéndum nacional para devolver a España su unidad

Miguel Massanet Bosch.  De entre aquellos recuerdos de mi niñez que han quedado grabados en mi memoria, por el impacto que me produjeron, fueron las imágenes de la película “La isla del Dr. Moreau”. Era un film inspirado en una novela de H.G.Wells, en blanco y negro; una cinta oscura, grabada en un entorno tenebroso y selvático. El tema, terrorífico, trataba de un doctor loco que pretendía enmendar la obra de Dios, intentando convertir a animales salvajes en híbridos humanos, mediante dolorosas operaciones, con las que intentaba imprimir en las bestias salvajes, rasgos y sentimientos humanos. Al final de la película, aquellos infelices seres se rebelaban contra la insania del doctor Moreau y, en una noche lúgubre, blandiendo antorchas encendidas, se alzaron contra su creador, lo asesinaron y se quedaron pululando por la isla, entonando una monótona y triste lamentación: “Ni hombres ni bestias… ni hombres ni bestias”, aludiendo a su condición ambigua, que los convertía en seres monstruosos, parte humanos y parte bestias. 

 
No parece que, volviendo a la realidad de nuestros días, existan grandes diferencias en cuanto a la moraleja del film al que me he referido, sin duda un hombre temerario que pretenden enmendar la obra del supremo Hacedor y lo que, dentro de otro orden, naturalmente, está ocurriendo en España. En virtud de la Constitución de 1.978 se produjo, por el grupo de españoles que la redactaron, un intento de darle un vuelco a la organización política y territorial de lo que, hasta entonces, había sido la división en regiones y provincias de la nación española. No quiero restarles un ápice de mérito a los padres de la Constitución, pero sí acusarlos de falta de previsión, de anteponer los miedos del tránsito de un régimen dictatorial a uno democrático; de intentar curarse en salud de unas posibles dificultades que se pudieran derivar de unas incipientes tendencias nacionalistas y, sobre todo ello, el evitar que, una sobrevalorada ( como luego se demostró) influencia comunista latente entre los descontentos del régimen franquista, derivar en cuestiones de orden público. 
 
Por ello se dio entrada a los socialistas de Suresmes (cuando habían estado fuera de lo que fue la “resistencia comunista” en la clandestinidad) y se completó aquella cesión de los representantes del régimen franquistas a favor de una supuesta normalización del país;  permitiendo la entrada en España de un sujeto, tan representativo de lo que fue el régimen comunista del final de la guerra, como fue el señor Santiago Carrillo, con peluca incluida. El remate a toda esta supuesta “transición ejemplar” se pudo comprobar cuando ni los nacionalistas quedaron satisfechos con las concesiones del “nuevo estado de las autonomías”, ni los comunistas tenían tanto poder como se les suponía y los socialistas, de F.González, a los que probablemente no se les daba demasiada chance, resultaron tener más posibilidades de atracción de las masas que el gobierno del señor Suárez que, por si le faltara algo, tuvo que bregar con la sublevación del 23F.
 
El llamado Estado de las Autonomías, señores, por mucho que pretendamos ignorarlo ha resultado ser una chapuza monumental que, como hemos tenido ocasión de constatar bajo el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, ha sido un semillero de problemas, un criadero de disputas y una bendición para todos aquellos partidos nacionalistas que, como CIU y ERC en Catalunya y BILDU, PNV y Batasuna en el País Vasco, han visto realizadas sus ambiciones de autogobierno como paso previo a la independencia de sus respectivos territorios; cuando se han visto favorecidos por una serie de traspasos de competencias y ayudas económicas que nunca, ni en sus ensoñaciones más irrealizables hubieran podido esperar. Pero, este invento, ni ha conseguido una de las cosas que se pretendía, que era que las autonomías menos favorecidas y más pobres lograran mejorar ni, por otra parte, las más fuertes y poderosas aceptaran de buen grado colaborar para evitar las abismales diferencias económicas entre unas y otras. Las ambiciones de los políticos catalanes y vascos, especialmente, y la de otras autonomías que han querido engancharse al carro del independentismo como fueron Baleares y Galicia; han logrado mediante chantajes, que el partido que ha gobernado España haya tenido que ir claudicando a sus exigencias, por muy disparatadas que fueren, para poderse mantener en el poder. 
 
Los resultados de estas continuas cesiones, de las facilidades que se les han ido dando a los gobiernos nacionalista y los sucesivos traspasos de competencias; amén de inyecciones económicas, han dado lugar a que, en la actualidad, las autonomías se hayan convertido en el principal problema para nuestro país, que se ve en la tesitura de que el gobierno Central, en muchos aspectos, no tiene autoridad para imponerles, a los gobiernos regionales, las directrices imprescindibles para obligarles a reducir su exagerado déficit que, por extraño que pueda parecer, supera al del Estado y se ha constituido en el principal motivo de desconfianza y preocupación para nuestros vecinos de la UE. El estado de las autonomías, señores, se ha convertido en un mecanismo de relojería a punto de hacer explotar la carga de dinamita que subyace debajo cada una de las administraciones autonómicas en forma de deuda oculta y déficit incontrolado.
 
Es evidente que ha llegado el momento de que, los españoles, nos planteemos si es necesario una revisión de la Carta Magna, si hace falta  modificar todo el capítulo que hace referencia al régimen autonómico y si los traspasos, que tanto dinero nos vienen costando a los españoles de a pie, no deben devolverse al Estado, de donde puede que nunca debieran de haber salido. Si hemos llegado a un punto en que, no sólo desde el Gobierno español, sino que desde Bruselas y las entidades financieras europeas, se mira con preocupación la abultada deuda autonómica, especialmente de aquellas autonomías que se han excedido en sus gastos, a pesar de las condiciones desfavorables de tipo económico, financiero y social derivadas de la recesión; para subvencionar aquellas políticas separatistas que han venido desarrollando a la par de lo que han sido sus despilfarros en gastos suntuosos, estructuras y “embajadas” en el extranjero; quizá debamos de coger el toro por los cuernos y decir ¡basta!  a tanto derroche, a tanta exigencia y a tanto desprecio por las leyes españolas, especialmente por nuestra Constitución, a favor de actitudes claramente secesionistas, de comportamientos evidentemente delictivos y de  manifestaciones de políticos y funcionarios nacionalistas de clara incitación a la rebelión y el desacato a todo lo que emane del gobierno Central.
 
Nos preguntamos: si no ha llegado el momento de someter al dictamen del pueblo español, a través de un referéndum nacional, la cuestión de si deben perdurar las autonomías tal y como aparecen en la Constitución o si, por el contrario, ha llegado la ocasión de revisar a fondo el tema y, en aras de la unidad del país, de sus finanzas y su economía y del orden y la solidaridad entre todos los pueblos de España, sea preciso que se reforme el sistema y se devuelvan al Estado traspasos como, por ejemplo, la Sanidad; la Justicia (en cuanto en parte depende de los Tribunales de Justicia de cada autonomía); la educación y todo lo relativo a las competencias de Hacienda. Puede que la medida nos asuste, pero estoy convencido de que, si seguimos por el camino actual, dentro de poco nuestra patria va a quedar convertida en un ente ingobernable e insolidario, donde los distintos caciques autonómicos se encargarán de llevarnos a la ruina. O así es, señores, como veo el triste futuro de España, si no reaccionamos.

 

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