Diego Fierro Rodríguez. Cuando se acercan elecciones de cualquier clase, empiezan a formarse nubes en el ámbito legislativo. Conforme se va acercando el proceso electoral, más densidad va teniendo la nubosidad, que terminará produciendo una tormenta legislativa en el ámbito afectado por las elecciones en la mayoría de los casos.

Ya se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que parece ser la primera de muchas normas que van a introducirse en el ordenamiento jurídico español durante los próximos meses. La Exposición de Motivos de esa norma es llamativa, ya que dice que “La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación y consolidando un crecimiento económico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años, está teniendo un efecto beneficioso en el empleo y en la percepción general de la situación que tienen los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones”.

Ahora mismo, hay algunas normas cuyo trámite parlamentario ya ha sido iniciado. Existen ejemplos interesantes, como la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. Las circunstancias de estas normas son muy curiosas por el momento elegido para crearlas y por el modo en el que se está efectuando su elaboración.

La tormenta legislativa que se aproxima provocará grandes modificaciones. Muchos cambios pueden llegar a ser positivos, pero otros pueden tener mas inconvenientes que ventajas. Además, deben analizarse los aspectos relacionados con las reformas normativas para comprobar si podrán ser eficaces y, si no se actúa con cuidado, los órganos jurisdiccionales, que están saturados, tendrán que intentar resolver los problemas que los entes legislativos puedan crear con las próximas normas.

No puede dudarse que, en los últimos años, se ha fomentado el aumento del número de normas con un carácter publicitario poco eficiente. Ya se pretende emplear la legislación con la idea de atraer la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía, por cuyo voto suspira.

Resulta esencial que las normas se hagan con lógica y con la intención de mejorar el ordenamiento jurídico. No pueden realizarse reformas legislativas con la mirada puesta en las siguientes elecciones, porque, en ciertos casos, las consecuencias negativas del postureo legislativo pueden repercutir perjudicialmente en los ciudadanos, ya que, en muchas situaciones, se puede producir inseguridad jurídica. El peor de los problemas que puede existir es que a alguien le afecte un relámpago normativo procedente de la tormenta reformista.