Lo que si podemos decir, una vez se han aclarado las verdaderas dimensiones de la huelga y se han sacado las conclusiones del evento, es que: los Sindicatos no lograron su intento de paralizar España, no consiguieron dar la sensación de fuerza que pretendían difundir y la huelga, salvo en algunas empresas extraordinariamente sindicalizadas, como son las de automoción, se mantuvo por niveles semejantes a la de septiembre del 2010, (en aquella ocasión “presuntamente” contra el gobierno de Zapatero) aunque entonces pretendían achacarle a la derecha la responsabilidad de aquella descafeinada primera reforma que, el señor ZP, tuvo que esbozar, a contrapelo, para intentar engañar a la UE, algo que no consiguió.

 

Ahora, a toro pasado, ambos dirigentes sindicales, Méndez y F.Toxo intentan, en sus alocuciones, elevar el tono de la voz, imprimirle un carácter mitinero y vender la especie de que aquella multitud de banderas rojas, aquella selva de carteles y aquella profusión de altavoces, manejados por los liberados, estaban acompañados por cientos de miles de personas, algo que, evidentemente, no ocurrió si es que se tiene en cuenta que Toxo hablaba de un millón de personas concentradas en Madrid cuando el final de la marcha, en puerta del Sol, no consiguió llenarla del todo y su aforo sabemos que no pasa de las 8.000 personas. Da lo mismo, aunque hubieran sido cientos de miles no importaría, ya que estamos comparando la fuerza de la calle, la de unos cientos de miles de personas en toda España, con la constatada fuerza de las urnas que es, en definitiva, la que cuenta en un estado democrático. Otra cosa es que, mediante disturbios, como los ocurridos en Barcelona, con el empleo de la coacción y actuaciones salvajes de grupos antisistemas (¿qué hacían allí los “pacíficos” del 15 M?) se pretenda conseguir aquello que las urnas les negaron. Resulta muy ilustrativo escuchar el concepto que el señor Méndez de UGT tiene de la democracia que, si hemos de hacerle caso, debe de amoldarse, en todo caso, a las opiniones de los perdedores cuando estos son los sindicatos o los partidos de izquierdas. ¿Negociar el Gobierno con ellos?, ¿Quién dice que para gobernar sea preciso el placet de unos sindicatos que se han pasado años negociando con el PSOE y la patronal sin conseguir sacar nada en limpio? ¡Se acabaron las contemplaciones, el nuevo gobierno debe gobernar libremente!

 

Un triste papel, una muestra de su pobreza moral y su incapacidad para admitir la derrota, ha sido el del PSOE que ha dado muestras de su indefinición, su falta de un programa económico y su deslealtad con el Gobierno de la nación, al solidarizarse con la huelga, al pretender boicotear la misma sesión del Parlamento y al reprobar una reforma que, si hubieran sido ellos los vencedores de los comicios, no hubieran tenido otro remedio que acometer, si es que les hubiera dado tiempo de hacerlo antes de que Europa hubiera decidido que teníamos que abandonar la zona euro. El señor Rubalcaba viene demostrando lo que ya suponíamos muchos. Como intrigante, como enredador y como sectario y crítico, podemos decir que hay pocos que puedan igualarlo; ahora bien lo que si es evidente es que, aparte de criticar al Gobierno, ha sido incapaz durante todos los años que lleva en la política, de presentar un plan, de aportar proyectos o de ofrecer soluciones que sean factibles, viables y provechosas para la nación española. Un hombre carente de las condiciones precisas para asumir la dirección de un país, al que ha contribuido a llevar a la más precaria situación.

 

Pero el mal, aún y la poca incidencia que la huelga ha tenido en la marcha de España, señores, ya está hecho. Los periódicos alemanes ya se han apresurado a colgarnos el San Benito, de que “España es lo mismo que Grecia” y, claro, nuestra prima de riesgo se ha vuelto a encaramar a los puestos más altos de la tabla. Si, como parece, estos sindicalistas lo que se proponen no es, en verdad, conseguir que aumente el empleo; ayudar a los trabajadores a conservar sus puestos o darles un empujón a las empresas para que puedan superar el bache por el que están pasando; deberemos llegar a la conclusión de que están intentando, por todos los medios a su alcance, por la presión en las calles, por el terrorismo callejero o por el engaño a los ciudadanos, llevarnos a una situación límite de la que no podamos salir. Sabedores de que van perdiendo la confianza de los trabajadores, convencidos de que deben librar la batalla para conservar sus bicocas, subvenciones y gabelas y aterrados ante la perspectiva de que los 70.000 afiliados “liberados” deban regresar al trabajo; han decidido apelar a la violencia, a la amenaza, a la intoxicación de las masas y a la deslealtad con la democracia; para intentar desestabilizar la nación en su propio provecho.

 

El señor Rajoy y su gobierno debieran adelantarse a los acontecimientos ahora que tiene los medios para aprobar nuevas leyes y modificar las obsoletas, elevando a las Cortes un  proyecto de ley de Huelga, remozado, actualizado, adaptado a las circunstancia del siglo XXI y desprovisto de demagogia, concesiones absurdas y privilegios obsoletos; que delimite, con claridad, la diferencia entre huelgas laborales y huelgas políticas; se establezcan las responsabilidades de todo orden que les pudieran corresponder a sus promotores por los posibles daños materiales, físicos y de conculcación de derechos de aquellos ciudadanos que no participando en la protesta pudieran ser directa o indirectamente perjudicados por ella. Lo mismo en relación a los actos vandálicos cometidos con el mobiliario urbano y con los medios de transporte. Es urgente que se dote a las fuerzas de orden público de los medios materiales y legales para que puedan mantener el orden y garantizar la indemnidad de aquellos ciudadanos, negocios o industrias y, para que los llamados impropiamente “piquetes informativos”, fueran identificables con facilidad, dejando sus funciones reducidas a la simple información, sin incurrir en la posibilidad de utilizar amenazas, presiones o violencia física.

 

Un método práctico sería que, para los organizadores de huelgas ilegales (aquellas que contravinieran las leyes o derivasen en alborotos y violencia) se establecieran fuertes multas que deberían ser asumidas por los convocantes del paro. Si se permite que lo que ha empezado con un simulacro más o menos fracasado, se convierta en una costumbre para los Sindicatos, puede llegar un momento en que la violencia callejera se convierta en un grave problema para la convivencia ciudadana y el derecho al trabajo. O esta es, señores, mi visión respecto a la situación actual de nuestro país.