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Por eso hay que pedirles que no se molesten y que se apeen del burro; que admitan, por favor, que las medidas aplicadas hasta ahora no han dado resultado. Que dejen de engañarse y engañarnos creyendo que las cifras experimentaran una mejoría en breve.
Y si el Cardenal Rouco decía que “la advertencia la hacía Juan Pablo II no contra la democracia, sino precisamente en favor de ella”, podemos decir que el recuerdo hoy de esta advertencia es seguramente el gesto más importante para rescatar la débil democracia española.
Hay frases, sentencias, principios, imágenes, que te acompañan allá donde vayas. Una de esas sentencias define, como pocas, el sentimiento aristocrático de la vida. 
según informa aciprensa
Ya son casi 1600 los recursos judiciales presentados contra EpC
Redacción Madrid. 20 de noviembre.
Profesionales por la Ética dio a conocer que hasta el momento ya son 1562 los recursos judiciales presentados en España contra la controvertida asignatura impulsada por el PSOE de Educación para la Ciudadanía (EpC), que enseña a los alumnos la ideología de género, promueve la mentalidad anti-vida, anti-familia y pro-homosexual; así como el laicismo radical, informa Aciprensa en su web.
Asimismo, esta organización precisa que solo 159 de estos recursos favorecen a los padres. Las claves de esto, según explica la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores en Córdoba, se pueden resumir en que: los tribunales entienden que EpC incide en las convicciones morales de padres y alumnos; cuando un derecho fundamental es vulnerado se puede recurrir a la objeción de conciencia; y además, las sentencias que reconocen este derecho declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, sin que sufran ninguna consecuencia negativa en su expediente académico.
A su turno, el Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, señaló que el conflicto social generado por esta polémica asignatura emerge exclusivamente por la negativa del Gobierno a escuchar las razones de los objetores apostando, en su lugar, por las amenazas y las presiones a padres y alumnos, llegando a actuaciones presuntamente delictivas como la publicación de los nombres de menores objetores en el Boletín de la Junta de Andalucía.
Finalmente, Urcelay precisa que "la cuestión es que miles de ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana".
"Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia", concluyó.