Redacción Madrid. 13 de diciembre. 

    La asociación Dignidad y Justicia acusó hoy al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de haber incurrido en "una dejación de funciones" y de haber permitido "un nuevo escarnio a las víctimas del terrorismo" al no prohibir el acto celebrado hoy en el frontón de Usurbil (Guipúzcoa), en el que cerca de un centenar de ex presos de ETA leyó un comunicado público.

   La asociación presidida por Daniel Portero, hijo de Luis Portero, el fiscal jefe de Andalucía asesinado por la banda en el año 2000, pidió ayer al juez Pedraz --de guardia esta semana-- que recabase toda la información sobre el acto y que, a tenor de esa documentación, prohibiese la concentración al enmarcarla en un posible delito de enaltecimiento del terrorismo.

   No obstante, el magistrado decretó "el sobreseimiento libre de estas actuaciones" al entender que "no hay base suficiente para estimar la comisión de delito alguno". En ese sentido, el juez indica que la única documentación aportada por la asociación es un artículo periodístico. "A ello se une que al juzgado de instrucción no le compete en modo alguno pronunciarse sobre la supuesta convocatoria, pues es la autoridad administrativa quien en su caso tendrá que acordar lo oportuno", concluye el magistrado.

DEJACIÓN DE FUNCIONES

   "Dignidad y Justicia denuncia y usted (Pedraz) o el fiscal actúan, investigan y resuelven, pero está claro, que ni la Fiscalía ha hecho nada ni usted tampoco para evitar un nuevo escarnio a las víctimas del terrorismo", denuncia el comunicado difundido hoy por la asociación.

   Dignidad y Justicia califica esta decisión del juez como "una dejación de funciones" y se dirige personalmente al magistrado para decirle que la asociación  "no tiene que aportar las pruebas policiales", sino que tiene que ser el juez "el que, con la investigación oportuna, considere si hay indicios de la posible comisión de un delito para prohibir un acto o no".

   Asimismo, Portero manifiesta su "más absoluto malestar" con el magistrado por considerar que se trata de un acto que tiene que resolver la vía administrativa ya que, según recuerda, "en anteriores ocasiones, jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han requerido informes policiales para acreditar si detrás de las concentraciones existía un acto de enaltecimiento del terrorismo".